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La Provincia confirmó que no vetará la ley que obliga a countries a ceder tierras

Así lo anticipó el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, aunque aclaró que se aplicará “una reglamentación muy estricta para evitar que se viole la propiedad privada”.

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, confirmó esta mañana que no vetará la administración de Daniel Scioli la ley que obliga a los countries a ceder tierras, que impulsó el ultrakirchnerismo, aunque anticipó que se aplicará una “reglamentación muy estricta” para evitar que quede afectada la “propiedad privada”.

“Vamos a hacer una reglamentación muy estricta porque coincidimos con el espíritu general de la ley, pero tenemos que cuidar la propiedad privada y no afectar los derechos adquiridos de los habitantes”, expresó el funcionario en diálogo con radio Continental. “Al espíritu de crear tierras sociales se le tiene que sumar el de cuidar la propiedad privada y los derechos adquiridos”, subrayó Pérez.

La ley de acceso justo al hábitat dispone para grandes emprendimientos la “contribución obligatoria” del diez por ciento del valor de las tierras. Y deja abierta la posibilidad de exigir hasta 33% de las tierras de countries, clubes de campo, barrios cerrados, cementerios o shoppings que se instalen en este territorio.

Esta obligación alcanza a desarrollos comerciales de superficies superiores a los 5000 metros cuadrados que “cederán como pago a cuenta de la determinación definitiva, sujeto a cómputo de equivalencia y valorización final” el 10% de la superficie total de los predios afectados o su equivalente en dinero o suelo urbanizable.

El texto sancionado ayer precisa que “los municipios establecerán por una ordenanza de carácter general una contribución obligatoria no inferior al diez por ciento de la valorización inmobiliaria [.]. Dicha contribución no podrá ser superior al máximo establecido por la instancia superior de justicia en materia de constitucionalidad para la regulación de usos del suelo por parte del Estado”. Esto es, el 33% de su valor, según el límite confiscatorio establecido por ley.

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