Rechazo a la decisión de la Cámara Federal de anular el procesamiento del fiscal Garello
La Subsecretaría de DDHH de la provncia manifestó su preocupación por la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló el procesamiento del Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1981 cuando revestía como oficial de la Policía Bonaerense en la Delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
El pasado 18 de septiembre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de su presidente, Guillermo J. Yacobucci, y del vocal Carlos A. Mahiques, resolvió “Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Fabián Uriel Fernández Garello, Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos y Guillermo Horacio Ornstein”, y “anular las decisiones” de la jueza federal Alicia Vence, titular del Juzgado Federal N°2 de San Martín, que los había procesado sin prisión preventiva como partícipes necesarios penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas.
El tercer juez de la Sala II, Alejandro W. Slokar votó en disidencia y argumentó que la decisión del Juzgado Federal N°2 de San Martín y su ratificación en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, “no puede ser impugnada” por la Casación porque no se trata de una sentencia definitiva. Por lo que desde la Subsecretaría de DDHH, advirtieron que aunque la causa ya había sido elevada a juicio, los jueces del tribunal volvieron el expediente a la primera instancia e inhibió a la Cámara de Apelaciones de San Martín de volver a intervenir.
En esa línea Slokar agregó: “La decisión de anular todo lo actuado cuando no se evidencia un perjuicio actual retrotrayendo el proceso a una etapa ya culminada, importa una transgresión a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”, coincidiendo con este planteo, desde el organismo de Derechos Humanos de la provincia remarcaron que "los secuestros y torturas de los que se acusa al Fiscal General de Mar del Plata cuando era subinspector de la central de inteligencia de la Dippba, contra tres militantes políticos del Partido Comunista secuestrados y torturados en la Brigada de Investigaciones de Caseros, identificado como centro clandestino de detención, deben ser investigados en un juicio oral y público, en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en nuestro país a partir de 2003".
