Acreedores presionan a la Provincia con un juicio
De cara al lunes 1 de febrero, fecha en que vence la onceaba prórroga de la renegociación por US$ 7.148 millones, un grupo de acreedores adviertió que si la Provincia no presenta una oferta irán a la Justicia.
En ese escenario, la administración provincial dijo que sigue con las negociaciones para evitar la instancia judicial. Además, aseguró que cerró una estrategia conjunta con tras cinco provincias.
Según trascendió, los bonistas que presionan a la Provincia son los que están nucleados en el llamado Grupo Ad Hoc, que nuclea a cerca del 50% delos tenedores de papeles sujetos a negociación.
Ese grupo se declaró "sumamente preocupado por la continua ausencia de progreso por parte de la provincia en subsanar el default de sus obligaciones negociables internacionales en circulación", dicen los rumores.
En paralelo la órbita provincial asegura que la negociación continúa desde abril del año pasado; fecha en que comenzaron las conversaciones para arribar a un acuerdo que esté "alineado con la realidad fiscal y la capacidad de pago de la Provincia" y que no impacte en forma negativa en las "reservas internacionales" del país, que sufren ya escasez de dólares.
Bloque de negociación
Vale mencionar que en una reunión que se desarrolló en La Plata, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, coordinó una estrategia conjunta con sus pares de las otras seis provincias que siguen con sus procesos de renegociación de deuda abiertos: Entre Ríos, Salta, Tierra del Fuego, Chaco, La Rioja y Jujuy.
Las que acordaron desde el año pasado son Mendoza (US$590 millones), Chubut (US$650 millones), Neuquén (US$694 millones), Río Negro (US$300 millones) y Córdoba (US$1685 millones).
Para reforzar el apoyo del encuentro, los ministros provinciales lanzaron un comunicado donde "resaltan la relevancia de mantener un adecuado flujo de comunicación y coordinación sobre los avances en los distintos procesos individuales" y "rechazan el uso de herramientas de presión de carácter judicial para forzar soluciones insostenibles, afectando los principios de buena fe que deberían primar en toda negociación".
