Anulan el decreto migratorio del macrismo
El Gobierno nacional derogó el decreto de la gestión de Mauricio Macri que había modificado la Ley de Migraciones y había establecido mayores controles al ingreso de extranjeros con antecedentes delictivos así como la agilización del trámite de expulsión de delincuentes de otros países.
La norma que puso en marcha, en 2017, Juntos por el Cambio había sido largamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas (ONU). Incluso le habían pedido al Estado argentino dar marcha atrás con ella por tratarse de un retroceso en materia de política migratoria.
En un lapso de dos años, la gestión a cargo de Macri expulsó del país a 3 mil inmigrantes y limitó el ingreso a la Argentina de muchos más que contaban con antecedentes penales.
Su derogación quedó fue oficializada a través del decreto 128/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, que entre sus considerandos destaca que la los cambios a la Ley de Migraciones (25.871) impulsada por el Gobierno anterior eran “irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".
Motivo por el cual, restituyó la vigencia de la normativa que había sido modificada de manera unilateral y con criterios discriminatorios, y creó además una Comisión Asesora de Política Migratoria que deberá "proponer medidas no vinculantes” relativa a la Ley de Migraciones.
Un dato no menor es que la modificación que Macri hizo por decreto había agravado "exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria", causándole también un daño económico al Estado argentino.
En los considerandos de la derogación, exponen que "distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto" macrista.
Por ello, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU habían “expresado su profunda preocupación” e instaron al Estado Argentino a derogarlo.
