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La UNLP creó un Observatorio de Servicios Públicos

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La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), creó el Observatorio de Servicios Públicos (OSP), un ámbito de producción de conocimiento público y colaborativo, el cuál está integrado por entidades de la sociedad civil ligadas al petróleo y la energía eléctrica; y académicos provenientes de diversos centros de investigación de la UNLP.

En su primer documento de trabajo analiza la evolución de las tarifas de los servicios públicos de gas natural y electricidad en el AMBA y los principales aglomerados urbanos del interior bonaerense en el período 2015-2020.

El primer Observatorio de Servicios Públicos de la UNLP se crea como espacio de trabajo para el análisis, la construcción de conocimiento y la defensa de los derechos de la ciudadanía y del sector productivo en materia de servicios públicos.

El OPS tiene como objetivo monitorear la evolución de distintas variables de los servicios públicos esenciales de los principales aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Tendrá cuatro monitores que estarán disponibles a partir de julio de 2021: el de tarifas, energía, concesiones y calidad.

Supervisarán la evolución de las tarifas y su relación con los ingresos ciudadanos, analizarán las variables que determinan el valor de la energía eléctrica y el gas; evaluarán el cumplimiento de las concesiones. Y realizarán relevamientos para determinar la calidad de los servicios públicos a través de sondeos de opinión y estudios de caso. Los informes serán trimestrales y se publicarán en su sitio web: https://unlp.edu.ar/observatoriosp.

Aportará elementos para que el Estado pueda garantizar al conjunto de la población el acceso a los servicios públicos, en condiciones justas, razonables y sostenibles. Se propone elaborar datos que posibiliten un mayor control y aportar distintas perspectivas y soluciones que apuntalen el debate público en torno a los servicios públicos.

El director del OPS-UNLP, Eduardo Baldi, destacó que “el Observatorio se constituyó como un espacio de construcción de conocimiento que pueda aportar elementos para que el Estado garantice al conjunto de la población el acceso a los servicios públicos, en condiciones justas, razonables y sostenibles”.

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