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Proyectos políticos

La senadora Demaría impulsó la adhesión a la Ley de Etiquetado Frontal en la Provincia

Además, propuso la creación de un registro de infractores para asegurar el cumplimiento y la implementación de las medidas en todo el territorio bonaerense.

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La legisladora del Frente de Todos por la quinta sección electoral, Gabriela Demaría, presentó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, sancionada el pasado 26 de octubre, e implemente medidas para su aplicación en el territorio bonaerense.

Cabe recordar que la Ley busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas alcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas.

En diálogo con CódigoBaires, la senadora manifestó que el etiquetado es una forma práctica, sencilla y gráfica para que el consumidor tenga la suficiente información para decidir si consumir o no un producto envasado. “Tiene principios fundamentales como lo son el deber a la información y el deber a la seguridad de la publicidad que incita al consumo excesivo”.

“Los proyectos que son innovadores a veces generan resistencia que están más ligadas a discusiones políticas que al proyecto en sí”, sostuvo la legisladora para referirse a posibles abstenciones que encuentre este proyecto en la Cámara.

En este marco, Demaría presentó el proyecto de impulsar la adhesión de Provincia, con el argumento de que es fundamental que cada jurisdicción tenga las herramientas necesarias a la hora de que entre en vigencia la Ley de Etiquetados frontal.

Además, propuso una serie de medidas específicas para la implementación de esta norma en la Provincia. En esa línea, el proyecto impulsa la creación del Registro Provincial de Infractores y promueve que cualquier consumidor, usuario, usuaria o asociación de consumidores esté facultado a realizar denuncias ante eventuales incumplimientos a la mencionada Ley.

Por otra parte, mencionó los distintos plazos de implementación que contempla la Ley, seis meses para los grandes productores y doce para las PyMes y cooperativas de la economía popular, y remarcó que, en el caso del segundo grupo, hay posibilidad de ampliación de tiempo y garantías de que el Estado brindará el apoyo necesario para que puedan implementarla.

Por último, comentó que a principio de este año se presentó un proyecto para que los restaurantes también coloquen en las cartas lo que se está consumiendo, tanto en calorías como en tipo de alimentos. “Conjugamos derecho al consumo pero también derechos a la salud”, finalizó.

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