Buscan anular la fusión entre Cablevisión y Telecom

La fusión de Cablevisión y Telecom aprobada en el 2018 continúa juntando irregularidades que ponen en jaque la estrategia consolidada por Grupo Clarín donde se logró monopolizar además de la red gráfica y televisiva, la telefonía móvil. 

En representación de este último sector, la doctora Liliana Zabala reclamó al Estado la oportunidad de dar marcha atrás con la fusión que se llevó a cabo “en violación de las normas de ética pública”, donde el Presidente de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia que determinó la positiva trabajaba para una sociedad que tenía a ambas empresas como clientes. 

En diálogo con Radio La Plata (FM 90.9), Zabala destacó que dos investigaciones muy importantes realizadas en distintas gestiones políticas “comprueban el conflicto de intereses que permitiría volver al día cero, y darle poder al Estado para retirar la fusión”. 

Estas investigaciones fueron llevadas por la Oficina de Anticorrupción que dirigía Laura Alonso durante la presidencia de Mauricio Macri, y también durante la actual gestión de la entidad que fue encabezada por Felix Crous, quien renunció a fines del año pasado.

Siendo unánime entre distintas fuerzas políticas la irregularidad de la fusión de estas empresas,  Zabala consideró que “las pruebas son pruebas” y que no entra en tema “la matiz de interpretación que se le dé para ayudarlos a zafar de alguna cuestión penal”.

“Todos los expedientes de fusión son secretos salvo por una orden judicial, así que no me querían permitir el acceso a la información; pero gracias a la investigación de las oficinas de corrupción yo puedo probar lo que estoy diciendo”, agregó. 

La contradicción entre el discurso político y el accionar en la fusión:

En ese sentido aclaró que “no es complejo dar marcha atrás con la medida”, sino que se requiere de cierta “voluntad política” que no estaría haciéndose presente. “La semana pasada respondieron al juicio de impugnaciones que planteamos, y desde el Estado dijeron que todavía no resolvieron cómo encarar la medida y que no quieren plazos para evitar el procedimiento administrativo”, dijo Zabala. 

Es por estos motivos que desde el sector de telefonía se reclama la incoherencia que existe entre el discurso de los políticos y el accionar certero. “Plantean a los medios concentrados como una desgracia que viola la ética pública, pero cuando tienen la oportunidad y herramientas para cambiarlo no lo hacen”, opinó. 

Además, según indicó la Oficina Anticorrupción el Estado tiene la obligación de deshacer el acuerdo ya que corresponde “la nulidad de la fusión y un inventario de daños y perjuicios ocasionados por la fusión que afecta los Derechos Humanos, el discurso político y la libertad de pensamiento”. 

“Hace unos días, 18 estados de Estados Unidos iniciaron una demanda contra Google por monopolio, ¿por qué no nos copiamos?”, cerró la entrevistada en pos de transparentar el discurso político y anular la megafusión empresarial antes del cambio de Gobierno.