En un nuevo revez para Cambiemos, la investigación por los aportantes truchos volvió a la escena. En las últimas horas el juez Alejo Ramos Padilla, que tiene competencia electoral, desaprobó los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral de las PASO del 2017 que Cambiemos realizó en la Provincia.

En ese sentido, otra vez vuelve a estar en el ojo de la tormenta María Eugenia Vidal, ya que con el trajín de la causa que la involucra directamente en la mesa judicial del PRO, ahora se suma el expediente por los aportantes truchos que la tenía como gobernadora de la Provincia en el año 2017 cuando ocurrió la maniobra.

Allí se investiga una presunto hecho de lavado de dinero en el cual miles de personas, tanto beneficiarios y beneficiarias de planes y programas sociales , como así también empleados del estado y referentes del Partido, figuran como aportantes de la campaña electoral que protagonizaron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.

Sin embargo la responsable de haber entregado esa base de datos para que pasara como aportantes fue la, por entonces, presidenta del PRO bonaerense y gobernadora, María Eugenia Vidal, quien aprobó los balances presentados a la Junta Electoral.

Lo más insólito de esta situación es que hay personas que figuran como aportantes de las cuales se les robaron sus datos de la base pública del Estado, y que además al momento de la donación, eran personas que tenían serios problemas económicos producto de la administración política macrista. La investigación fue descubierta por el periodista de El Destape, Juan Amorín.

¿Y ahora que sucede?

En su rechazo, Ramos Padilla ordenó "extraer testimonios" de lo obrado en ese expediente "e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito".

En esa línea sancionó económicamente a la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.

Asimismo en su fallo, Ramos Padilla afirma que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña "no coincidía" con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.

Y remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo, detallando que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, "los DNI no se correspondían".

Además, según informó Telam, en su descargo, Ramos Padilla expresó que "el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales".

De esta manera el terreno queda allanado para que, desde el despacho del Juez Federal, se certifiquen los testimonios que dan cuenta de las irregularidades en el financiamiento de la Campaña del 2017 y se inicie una investigación penal por presunto lavado de dinero.