Ampliaron la denuncia por malversación de fondos en el Astillero Río Santiago

Esta mañana, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, amplió su denuncia contra el ex Interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla, quien durante el gobierno de Cambiemos habría incurrido en una maniobra de "malversación de fondos y lavado de activos" por U$S 95 millones en perjuicio de la administración pública.

Recordemos que la Diputada ya había presentado una primera denuncia, donde se lo incluía también al procurador de la Provincia, Julio Conte Grand, por presunto "encubrimiento". Ahora se acompañó la ampliación "por presunto lavado de activos" con un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por "una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla por un monto de unos mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos ($ 1000000066,65.)".

González indicó que en el marco de la denuncia original los ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones, que dejan en "evidencia una trama de encubrimientos y digitación del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand junto a integrantes del Ministerio Público y la Procuración General" a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires.

[caption id="attachment_82678" align="aligncenter" width="485"] El comprobante de transferencia, anexado a la denuncia[/caption]

En la denuncia original que tramita el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, se encuentran denunciados el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, exCoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago, también integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"Oportunamente conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión" por lo que correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado por la Honorable Cámara en uso de sus facultades" dijo la legisladora.

Y señaló que el pedido de informes fue "cajoneado" sin ningún tipo de tratamiento y "perdió estado parlamentario lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento" de la presunta maniobra fraudulenta. Asimismo, González recordó que en este marco, la gobernadora María Eugenia Vidal "lejos de atender políticas públicas para promover la reactivación del trabajo" y la gestión del ex interventor del Astillero con "la ausencia de provisión de insumos, despidos y compra de embarcaciones en el extranjero" , denunciada por los trabajadores, iniciaron evidentes maniobras persecutorias.

"Utilizaron una maniobra clara y manifiesta de intencionalidad persecutoria y coordinada para que la misma recayera en la UFI 16 a cargo del Agente Fiscal Condomí Alcorta, una UFI creada para él como premio por su aplicada obediencia y uno de los brazos ejecutores de la persecución del Procurador Julio Conte Grand", explicó la integrante del Frente Grande.

"En conclusión, no se investigó el origen de la malversación por U$S 95 millones que forman parte de la denuncia original, con prueba en las distintas pericias solicitadas" por el mismo agente fiscal, dijo González, quien reiteró que la cuantía del monto habilita el pedido de investigación sobre éste hecho y que la prueba indicada estaría vinculada a las maniobras delictuales. En estas circunstancias, "se redireccionó la denuncia y se decidió incriminar a los dirigentes de ATE sin pruebas de respaldo" concluyó la Legisladora provincial.