Cristina: Operativo resistencia y un aviso previo a tomar las calles

La semana comenzó con un nuevo capítulo en la causa que investiga una supuesta malversación de fondos en la Obra Pública durante el mandato presidencial de Cristina Fernández, y que amenaza con ser el instrumento de proscripción para una futura candidatura. En ese sentido, en el día de hoy se dio inicio a la novena audiencia del alegato acusador que impulsan los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Hay que tener en cuenta que el juicio había detenido su curso habitual por la recusación emitida por la Vicepresidenta hacia el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu por haber aparecido en varias fotos, jugando al futbol en la quinta Los Abrojos perteneciente a Mauricio Macri. 

Teniendo en cuenta que el pedido de recusación fue rechazado por el Tribunal Oral Federal Nº1, y entendiendo que la normalización del juicio es un disparate después del escándalo que significó la filtración de las imágenes que demostraban una complicidad entre el poder Judicial y la oposición, el oficialismo decidió montar una nueva etapa de "resistencia" encarnada en la cúpula del Frente de Todos.

Durante el fin de semana diferentes referentes del Gobierno Nacional y Provincial salieron a expresarse en rechazo al juicio a Cristina y a denunciar una nueva maniobra de persecución judicial que podría echar por tierra los planes electorales a futuro. Allí, tanto el bloque de Senadores y Diputados Nacionales, como un grupo de 500 intendentes salieron a expresarse a través de un comunicado.

Los Diputados y Senadores indicaron que "se modifican los nombres de jueces, fiscales y cambian los impulsores de las falsas denuncias, pero los medios que se hacen eco y reproducen esas falsas denuncias son siempre los mismos. Ahí están, siendo funcionales a un objetivo que tampoco se modifica: condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia Argentina”.

El aviso no es casual: En esta novena audiencia del juicio, Luciani solicitaría el pedido de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández. Es por eso que en su comunicado, la bancada del Frente de Todos advirtió que “en las próximas horas” se registrarán “nuevos episodios de una larga historia de persecución”.

El territorio junto a Cristina

Junto con la misiva de los diferentes Legisladores oficialista, un grupo de más de 500 intendentes de diferentes comunas del país publicaron un comunicado donde indicaron que la causa por la cual se la juzga a Cristina, "se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente".

Y agregaron: "Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos".

Además, el gobernador de la Provincia, aprovechó la ola de respaldos, y acompañó uno de los comunicados emitidos por el cuerpo de Legisladores bonaerenses, con la leyenda "Basta de persecución. Basta de lawfare".

Cristina avisa y no traiciona

La primera "etapa" de resistencia tendría su epílogo final esta mañana, cuando la Vicepresidenta solicitó la ampliación de su declaración indagatoria por "la falta de pruebas en el juicio oral", y porque "las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel".

"Los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", concluyó Cristina en uno de sus tweets.

Ahora habrá que esperar si el tribunal decide aceptar el pedido realizado por el abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, o si por el contrario, deciden seguir con el curso habitual del juicio. De esto se desprende la "estabilidad social", de los próximos meses.

Es evidente que la causa de la Obra Pública no tiene una prueba o sustento sólido para generar una condena firme contra una de las personas más influyentes de la política argentina. Sin embargo, el caso de Brasil y la prisión de un año a Lula da Silva sirve de testigo para entender que el "lawfare" poco entiende de justicia.

Es por eso que la muestra de fortaleza, en este caso mediática, no es simplemente una solicitada más, sino que por el contrario, comienza a encender motores para poner a prueba la maquinaria. Al fin y al cabo, como reza el cuento de Isaac Asimov, primero suenan las trompetas, antes del juicio final.