Causa Vialidad: Cristina declarará este lunes

La próxima semana se llevará adelante el alegato definitivo de la defensa de Cristina Fernández por la causa Vialidad. Las declaraciones comenzarán desde el lunes en el formato virtual hasta el viernes en donde la Vicepresidenta declararía ante el Tribuna Oral Federal 2 (TOF2) que lleva adelante la causa que implican unos supuestos delitos en la obra pública entre 2003 y 2015. Sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy darán el alegato final en tres jornadas, lunes, martes y viernes de esta semana y finalizarán con un reclamo de absolución. El viernes, la Vicepresidenta tiene estipulado hablar ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu haciendo uso de su derecho a ejercer su propia defensa por ser abogada, algo que también hará de manera virtual, según fuentes cercanas. Cristina había pedido a través de sus abogados extender su declaración indagatoria en agosto, después de la solicitud de penas de la fiscalía y para ejercer su derecho a defensa por acusaciones que no habían sido incluidas en el requerimiento de elevación a juicio del caso. El Tribunal anuló el planteo para dar lugar a la próxima etapa y así escuchar a los acusados que tendrán sus "últimas palabras" durante los alegatos previamente antes del veredicto. Pero, la vicepresidenta dará su palabra ejerciendo su propia defensa en el alegato final porque es abogada. El pedido condenatorio de Luciani que hizo el lunes 22 de agosto, ocasionó que los días posteriores surjan las manifestaciones de apoyo a Cristina en las inmediaciones de su departamento en Recoleta, pero el 1 de septiembre en medio de otro día de apoyo de sus seguidores, Fernando Sabag Montiel intentó dispararle con una pistola a la altura de su rostro. El atentado falló porque la bala no salió y ahora el autor material y su pareja Brenda Uliarte fueron procesados con prisión preventiva como coautores de intento de homicidio calificado. Los alegatos de las defensas en el juicio que se inició en mayo de 2019 comenzaron el 5 de septiembre y hasta ahora los abogados de los cinco procesados que expusieron reclamaron absoluciones y cuestionaron las acusaciones de la fiscalía. En este contexto, la expresidenta tendrá que defenderse por el pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta "jefa" de asociación ilícita y administración fraudulenta. Además, durante estos días se realizarán las defensas del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, donde objetaron absoluciones por inexistencia de delito. Anteriormente lo hicieron abogados de tres exfuncionarios de las direcciones nacional y provincial de Vialidad que realizaban tareas en Santa Cruz, Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich. La defensa de De Vido justificó que ante un Gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado como una "asociación ilícita", como decía la acusación y donde también rechazó a uno de los jueces del TOF2, Giménez Uriburu, por poseer parcialidad en la causa. En este sentido, se realizó después de que el magistrado usara el reinicio de la audiencia dedicada al alegato tras un corto cuarto intermedio para dar una justificación ligada a las razones por las que exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur "Liverpool". En este equipo amateur estaba el juez junto al fiscal Luciani donde jugaron unos partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad Mauricio Macri. Cristina Fernández recusó al juez y al fiscal al enterarse de esto, aunque fue rechazada y ahora quedó abierta una resolución de un recurso de queja en la Cámara Federal de Casación. De esta forma, la defensa de De Vido recusó recientemente al juez Giménez Uriburu por la cuestión de parcialidad, hecho que, de la misma forma, quedó en stand by, a la espera de una resolución. Por su parte, De Vido tiene un pedido de diez años de prisión por parte de la fiscalía donde se lo acusó de supuestas irregularidades con la adjudicación de la obra pública nacional en Santa Cruz a empresas del acusado Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Tras su defensa, a la Vicepresidenta le quedará escuchar a las defensas de otros seis procesados, como la del empresario y dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, también con pedido fiscal de 12 años de cárcel.