La Provincia multó a Rappi por 59 millones de pesos

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires emitió una multa de 59 millones de pesos contra la empresa de delivery Rappi y ordenó la devolución de los fondos cobrados como “tarifa de servicio” a los usuarios bonaerenses. Esta acción se tomó con el objetivo de “garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores”, según declaró Augusto Costa, titular de la cartera. 

En palabras del Ministerio, “La empresa, además del gasto por envío, cobra -y continúa cobrando- un cargo extra denominado ‘tarifa de servicio’ que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago. Se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias a costa de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios”. 

“En el proceso llevado a cabo por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, se aseguró que Rappi tuviera la oportunidad de defenderse. Sin embargo, la empresa optó por no cambiar su comportamiento, lo que resultó en la multa y la orden de suspender el cobro y eliminar la “tarifa de servicio”. 

En una medida que fue calificada como “novedosa e innovadora”, la Provincia ordenó a Rappi implementar los mecanismos adecuados para reembolsar a los consumidores bonaerenses los montos abonados por este concepto, que ya ascendían a aproximadamente 12 millones de pesos hasta marzo de 2023. Este monto, actualizado a la fecha de hoy, deberá ser devuelto a los usuarios bonaerenses. 

Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, enfatizó que esta acción no es en absoluto “una actitud anti-empresa” y que se le dio a Rappi la oportunidad de corregir la cláusula, pero optaron por no hacerlo. 

Esta multa millonaria surge tras la imputación previa a Rappi y PedidosYa en marzo de este año por presuntas prácticas abusivas relacionadas con cargos adicionales en los envíos, con posibles multas que superarían los 400 millones de pesos. El Ministerio de Producción, Ciencia e innovación Tecnológica bonaerense tomó estas medidas para garantizar los derechos que violaban la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, ya que las empresas no proporcionaban información detallada sobre la “tarifa de servicio” y obligaban a los usuarios a pagarla sin ofrecer la opción de rechazarla.