La CIDH reconoció que hubo torturas en la Guerra de Malvinas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso presentado por el Centro de Ex Combatientes (CECIM) La Plata, que busca que el Estado argentino se haga responsable por la falta de investigación y juicio a miembros de las Fuerzas Armadas por casos de tortura durante la Guerra de Malvinas en 1982.  La denuncia presentada se basa en una megacausa que investiga tormentos infligidos por exmilitares a soldados de su propia tropa y, entre los abusos denunciados, se incluyen estaqueamientos, enterramientos, sometimiento al hambre atroz, abusos sexuales; situaciones que en algunos casos terminaron en la muerte conscriptos.

En diálogo con el programa Después del Mediodía, por Radio la Plata 90.9 FM, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, dio detalles sobre este fallo que insta a la justicia nacional a avanzar en la investigación de estas sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los soldados.

“Este fallo es la conclusión de años de insistencia, no solo en el ámbito nacional sino internacional, ya que en el 2015 recurrimos a dichos tribunales porque la justicia argentina no analizó la cuestión de fondo del ‘caso Taranto’. Por ello, decidimos denunciar al Estado por falta de acceso a la justicia, ya que el Poder Judicial de la Nación quería cerrar un proceso que, a simple vista, es uno de los hechos más lamentables que ocurrieron durante la dictadura militar y, peor aún, en un contexto de guerra contra una potencia como Gran Bretaña”, comenzó explicando Alonso.

En este sentido, el veterano y socio fundador del CECIM La Plata destacó la complejidad del proceso que, felizmente, devino en el fallo de la CIDH. “Nuestro equipo jurídico, a cargo de Laura Antiria Alonso y Jerónimo Guerrero de Iraola a realiza un gran trabajo y enviado, sistemáticamente, toda la documentación necesaria para lograr que la CIDH hoy le esté pidiendo explicaciones al propio Estado argentino por qué no investigó estos hechos contemplados como graves violaciones a los derechos humanos”, dijo.

Asimismo, Alonso se mostró esperanzado en que el fallo genere una reacción en los tribunales nacionales y, como afirmó, “haya una mirada distinta en el Poder Judicial al respecto de causas que ya están tramitándose en la Corte Suprema de Justicia, aunque sin resolución por la falta de plazos de esa instancia”. Algo también observado de forma negativa por la Comisión Interamericana, que subraya que para los delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos, debiera haber “plazos razonables”.

“Estamos hablando de una megacausa que involucra, hasta la fecha, 200 hechos”, expresó Alonso, al tiempo que denunció el ocultamiento del gobierno de las vejaciones realizadas por los militares a los soldados. “Tuvimos que sortear suspensiones de indagatorias, algo que informamos, y lo más importante, cuando se desclasificaron en el año 2015 los archivos secretos de las Fuerzas Armadas, se evidenció un plan de ocultamiento de los hechos. Eso también es parte de la observación que hace el organismo internacional, cómo un Estado democrático no avanzó la investigación”.

“Seguiremos en la búsqueda para que todos aquellos que sufrieron graves torturas tengan justicia”, sumó Alonso, y puntualizó, “porque hubo asesinatos, estaqueamientos, antisemitismo. Hay que llegar a un juicio y lograr que los responsables sean condenados”.

Consultado sobre las instancias abiertas tras el fallo, dijo: “La Comisión Interamericana se va a tomar un plazo para analizar el descargo que haga el Estado Nacional y, por supuesto, nosotros iremos sumando información. Luego emitirá un documento que será comunicado por Estado Nacional. Pero si este no cumple, vamos a recurrir a la Corte Interamericana. Esto es grave, la República Argentina puede ser condenada por cuestiones relacionadas con la defensa de los derechos humanos”.

Seguidamente, Alonso destacó la complejidad del proceso que terminó el fallo, pues según contó, implicó “reunir una gran cantidad de pruebas” y tolerar “toda la instrumentación mediática, política que se utiliza y se sigue utilizando para amedrentar a las víctimas, para que esto no se denuncie”.

“Estamos hablando de hechos aberrantes cometidos por funcionarios estatales, en un contexto de guerra, con un enemigo real. Pero fuimos con el ejército de Videla a Malvinas, con la Marina de Masera y la Fuerza Aérea de Agosti. Es decir, con los que perpetraron el plan sistemático de exterminio de personas en nuestro país”, agregó. Y sumó: “No hay mucha diferencia entre los casos que se denunciaron y las aberraciones cometidas con aquellas personas que estuvieron en cautiverio en los centros clandestinos de detención, fue la práctica, la utilización de la picana eléctrica, por ejemplo, que en Malvinas se utilizaba con los teléfonos de campaña que tienen un magneto eléctrico”.

Por último, el referente de los derechos humanos se refirió al gobierno electo de Javier Milei y, específicamente, a su vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Pasaron 41 años y estamos en una situación peor, con una vicepresidenta que reivindica el genocidio. Que reivindica a su padre, alguien que formó parte del Ejército y estuvo en Malvinas. En esta situación tenemos no puede haber doble estándar, para nosotros los únicos héroes son los que descansan en el cementerio de Darwin. No se puede ser héroe y torturador o héroe y golpista. Entonces, no le cabe esa categoría a los militares que participaron en la represión y, que además, en democracia intentaron alzarse contra ella para obtener las leyes de impunidad”.