Cómo afectan el DNU y la 'Ley Ómnibus' a la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Durante un período de tres años, la cantidad de servicios públicos que llevan a cabo interrupciones voluntarias (IVE) y legales (ILE) del embarazo se duplicó, pero las recientes modificaciones propuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el proyecto de “Ley Ómnibus” levantaron preocupaciones entre los miembros del Proyecto Mirar.

Estos cambios, según ellos, sugieren “un intento de retorno a estructuras más autoritarias y restrictivas” en relación con con la toma de decisiones sobre la salud reproductiva, según advirtió Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (Cedes), quien forma parte del mencionado proyecto.

En declaraciones con la prensa, Ramón Michel expresó que estos cambios podrían afectar negativamente la autonomía de las personas en la toma de decisiones cruciales sobre su salud reproductiva, que es una parte vital de sus vidas. A lo largo de los años, desde la sanción de la Ley IVE en 2020, se observó un aumento significativo en las prácticas de aborto en centro de atencion primaria de la salud y hospitales en todas las provincias, como revela el informe reciente “Es mucho más que un aborto” del Proyecto Mirar.

Entre el 2021 y el primer semestre de 2023, se distribuyeron 240.450 insumos para la interrupción del embarazo, y las muertes maternas disminuyeron de 23 a 13 entre 2020 y 2021, según datos del Ministerio de Salud. En este contexto, Ramón Michel elogió la colaboración exitosa entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales en la distribución de insumos, destacando el papel del sistema de salud provincial en organizar servicios y garantizar el acceso a prácticas seguras, mientras el gobierno nacional proporciona insumos, capacitación y asesoramiento técnico.

Es así, que miles de personas gestantes, lograron acceder de manera voluntaria, a una interrupción del embarazo de manera segura y gratuita, en hospitales y centros de atención primaria y no en centros clandestinos, bajo las peores condiciones imaginadas.

Sin embargo, la abogada e investigadora alertó sobre el posible impacto del DNU 70/2023 en la producción y distribución de medicamentos como el misoprostol y la mifepristona, utilizados en la interrupción del embarazo. Este decreto, al dejar sin efecto la Ley 27.113 de promoción de la actividad de los laboratorios de producción pública, podría influir indirectamente en la producción y distribución de estos medicamentos. Ramón Michel resaltó que, aunque actualmente diversos laboratorios producen estos medicamentos, públicos y privados, nacionales y extranjeros, el DNU podría señalar un posible desinterés hacia los laboratorios públicos.

El proyecto de “Ley ómnibus”, presentado por el Gobierno, plantea modificaciones a la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como de los 1.000 Días. Entre las modificaciones, se destaca la eliminación de la nominación “personas gestantes” y su sustitución por “madres embarazadas”, así como referencias frecuentes a “niños desde la concepción”. Ramón Michel criticó esta eliminación, destacando que la designación “niño por nacer” refleja una batalla ideológica que busca reinstaurar la penalización del aborto, privado a las mujeres de su autonomìa en la toma de decisiones cruciales.

El proyecto también suprime menciones al “respeto irrestricto del interés superior del niño y de la niña y del principio de autonomía progresiva”, así como a la “autonomía de las mujeres y otras personas gestantes”. Ramón Michel enfatizó que la eliminación del principio de autonomía progresiva de los adolescentes podría llevar a que terceros, como médicos o progenitores, tomen decisiones en lugar de las adolescentes, lo que plantea interrogantes éticos y sociales 

Aunque legalmente estos cambios no alteran el estatus del aborto, Ramón Michel advirtió que podrían crear un entorno propicio para comportamientos arbitrarios por parte de profesionales de la salud, representando un desafío social y ético en el acceso a servicios de interrupción del embarazo. 

Dichos avances, resultan una contradicción a la premisa oficial de La Libertad Avanza, quienes en principio abogaron e izaron las banderas de las libertades personales y de la toma de decisiones propias. En este caso, a partir de jugadas pensadas estratégicamente, el nuevo gobierno libertario pretende avanzar sobre uno de los derechos adquiridos más resonantes de los últimos años.