Entró en vigencia el mega DNU, en medio de la incertidumbre judicial

En el marco de más de 30 amparos judiciales presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares, y sin que la justicia haya dado un curso de manera favorable para que los suspendan, este viernes comenzó a regir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el cual el Gobierno de Javier Milei busca desregular la economía argentina. 

El mega DNU, titulado "Bases para la reconstrucción de la Economía argentina", de Milei provocará cambios sustanciales en innumerables aspectos de la vida económica de la gente, desde la forma de alquilar hasta el sistema de salud, con epicentro en el costo prácticamente impagable que pasarán a tener los servicios de financiamiento de la salud que brindan las empresas de medicina prepaga.

En su decisión de ir hacia un economía de libre mercado, con un giro de 180 grados respecto de las políticas aplicadas a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes, Milei busca provocar no sólo un fuerte cambio económico, sino también "cultural". 

Los cambios regulatorios incluidos en el decretazo de 366 artículos, son mayúsculos: Deroga la ley de alquileres, introduce cambios en recetas médicas, permite la acreditación del sueldo en billeteras digitales, simplifica la compra-venta de autos y permite a los bancos cobrar intereses sin tope sobre el saldo deudor de las tarjetas de crédito, entre otros.

En ese marco, tras desatar innumerables polémicas, la medida regirá a la espera de que la Justicia se expida sobre las muchas medidas cautelares que piden suspenderlo. 

En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había hasta el mediodía del jueves, al menos 25 amparos y otros dos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ante la justicia del Trabajo, según un relevamiento hecho por Télam.

La CGT apeló el jueves la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet que este miércoles desestimó el dictado de una medida cautelar "interina" que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.

El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En el escrito de apelación, firmado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña como secretarios generales de la CGT. advirtieron que "se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos".

"Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el DNU 70/23, pretende introducir modificaciones permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal (en derecho individual del trabajo y derecho colectivo) y esta circunstancia es relevante porque no se trata de implementar remedios temporales para una alegada crisis, lo que constituye otro motivo de invalidez ostensible", argumentaron los sindicalistas al reclamar una medida cautelar. 

En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez reclamó el dictado de una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad, mientras tramita su amparo contra esa norma. 

En ese mismo fuero ingresaron durante la jornada del miércoles otras dos demandas contra el DNU, uno del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otro de la Confederación Argentina de Deportes, que resultaron sorteados en diferentes juzgados. El CELS reclamó la inconstitucionalidad del DNU porque "se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales".