Unánime rechazo de jueces y abogados al traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad

El proyecto de ley, parte del megadecreto de Javier Milei, que busca trasladar la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años enfrenta un rechazo unánime por parte de jueces y abogados. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales se pronunciaron en contra de la propuesta.

Incluso las líneas internas que compiten por la representación de los magistrados, como las listas Celeste y Bordó, han expresado su oposición al traspaso. La lista Celeste señaló que la visión del traspaso confunde la autonomía de la Ciudad con su soberanía, mientras que la lista Bordó advirtió sobre la posibilidad de remover a magistrados porteños con una simple mayoría de votos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

La Celeste emitió un comunicado en el que explicó que "la visión del traspaso contiene un enfoque ciertamente equivocado sobre la autonomía de la Ciudad pues la confunde con su soberanía y equipara a la ciudad de Buenos Aires con una provincia", y recordó que "los tribunales nacionales no son tribunales provinciales, ni la Ciudad goza de esta naturaleza".

La Bordó se explayó en el mismo sentido cuando manifestó que "de prosperar esa iniciativa, a los eventuales magistrados porteños que deban resolver cuestiones de trascendencia institucional, se les podrá iniciar un proceso para su remoción con la simple mayoría de los votos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y no por los dos tercios que exige el régimen nacional".

A pesar de discusiones jurídicas sobre la autonomía de la Ciudad, los organismos que representaron a magistrados y abogados mantienen una posición histórica de rechazo al proyecto. La AMFJN considera que la iniciativa "implicaría una clara violación de la Constitución Nacional" y afectaría gravemente la independencia judicial.

La Junta de Presidentes de Cámaras destacó que la reforma constitucional de 1994 otorgó a la Ciudad de Buenos Aires un estatus peculiar, reconociendo un régimen autónomo pero garantizando los intereses del Estado nacional. En este contexto, el rechazo se fundamenta en la preocupación por la posible afectación de principios fundamentales en la administración de justicia.