Organizaciones de Derechos Humanos se movilizaron frente al Congreso
Formalizaron su repudio a través de un documento firmado por más de 6 organizaciones distintas. La reforma de la Ley de Salud Mental y el cierre del Inadi, algunos de los puntos centrales.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos expresaron su profunda preocupación y un enérgico repudio hacia las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional, las cuales, según indican, representan un retroceso significativo en los derechos de las personas con discapacidad. Este posicionamiento fue formalizado a través de un documento presentado ante el Congreso de la Nación.
Entre los firmantes de este documento se encuentran destacadas organizaciones como la Red por los derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación de Asociaciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), la Asociación Civil ANDAR, la Mesa de Derechos Humanos y Discapacidad de Córdoba y la Clínica Jurídica de la Universidad de La Plata.
En el comunicado presentado ante el Congreso, los firmantes recalcaron que en Argentina los derechos de las personas con discapacidad están respaldados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Esta convención, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 2006 y ratificada por el Estado Argentino en 2008, adquirió rango constitucional en el 2014 mediante la Ley 27.044.
Además, resaltaron que este tratado se basa en un paradigma o modelo social de abordaje de la discapacidad, promoviendo la vida independiente, la eliminación de barreras del entorno y la implementación de apoyos y medidas de accesibilidad para garantizar los derechos humanos.
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Las organizaciones manifestaron su profunda preocupación y enérgico repudio por las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional, considerándolas un retroceso concreto en los derechos de las personas con discapacidad, específicamente señalando los puntos regresivos que plantea la denominada “Ley Ómnibus”.
En un análisis detallado, estas organizaciones, con experiencia en el trabajo conjunto por el cumplimiento de los derechos, enumeraron los retrocesos propuestos por la reforma 70/2023 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en Presentaciones para personas con discapacidad, género, salud mental, seguridad social, así como la eliminación del Instituto Nacional Argentino contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Turismo Social.
En referencia a la salud mental, expresaron su desacuerdo con la propuesta de modificación de la ley, argumentando que no existe urgencia ni necesidad, y que el proyecto es regresivo e inconsulto. Señalaron que la ley actual es el resultado de una deliberación profunda con la participación de los sectores involucrados, desplegando los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su modificación confronta con la Convención y el último informe país de su Comité que celebra la ley y advierte sobre aspectos aún no cumplidos.
Recordaron también que cualquier regresión en materia de derechos humanos resulta inconstitucional, ya que el Estado no puede retroceder en los niveles de protección alcanzados, citando el artículo 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional. En este contexto, resaltaron que las modificaciones propuestas van en contra de los derechos consagrados en el máximo rango, vulnerando el principio de no regresividad según el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
"Desde REDI y las organizaciones nacionales exigimos a los legisladores que no permitan este retroceso en los derechos humanos y en la calidad democrática. Si se avanza en la ley, muchas vidas de personas con discapacidad y/o usuarias de servicios de salud mental se verán aún más deterioradas", concluyeron las organizaciones en su comunicado.
