Javier Milei modificó el presupuesto y endeudará al Estado nacional

En medio de conflictos por la falta de fondos para el funcionamiento de entidades públicas, entre las que se encuentran las universidades, el gobierno de Javier Milei implementó por decreto una modificación presupuestaria. 

A través del decreto 280/2024, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, se eleva la autorización de gasto para 2024 en $14,48 billones, monto que está muy por debajo de lo que esperaban las entidades estatales que dependen de dicha valoración para funcionar.

De esta manera, Milei concretó una multimillonaria modificación del Presupuesto 2024, que en un principio había sido prorrogado del monto aprobado por Alberto Fernández en 2023, y además tomó definiciones sobre el endeudamiento.

“Resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones complementarias a la prórroga y modificar el presupuesto vigente, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado nacional”, afirmó el Presidente en el decreto.

En tanto, el decreto firmado por Milei detalla en un largo anexo las partidas de gastos que se incrementan, listado que encabezan las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados con $7,27 billones.

Al monto destinado a jubilaciones y pensiones le sigue el presupuesto contemplado para el servicio de la Deuda Pública, en carácter de intereses y comisiones, que alcanza los $2,69 billones, y servicios económicos, asistencias financieras, Obligaciones a Cargo del Tesoro, por $2,57 billones.

En cuanto al empleo público, otro de los grandes ejes de conflicto de la gestión libertaria, el nuevo presupuesto remarca que “las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del jefe de Gabinete de Ministros”.

Así, la reasignación presupuestaria, que representa un ahorro fiscal de poco más de $4,93 billones, se enmarca en la búsqueda de equilibrio fiscal del Gobierno nacional, realizado a través de la “licuadora” y la “motosierra”, que no son más que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y el fuerte ajuste de los servicios del Estado que impactan en los sectores más desfavorecidos.

En los considerandos del decreto que amplía el presupuesto, se destaca que es “necesario mantener el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del Gobierno nacional, hasta la finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2001 o en virtud de normas dictadas con anterioridad a dicha fecha”.