Base estadounidense en Ushuaia: Podrían llevar a juicio político a Milei

Este jueves, el presidente Javier Milei viajó a Ushuaia para reunirse con la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, durante su visita a una base naval en la ciudad patagónica. La reunión se llevó a cabo casi a medianoche y fue precedida por un acto en el que Milei, vestido de militar, afirmó la importancia de la relación entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa.

Durante el acto en la base naval, Milei destacó que "Occidente corre riesgo" y resaltó la afinidad natural entre argentinos y estadounidenses en la defensa de los valores de vida, libertad y propiedad privada. Además, anunció la construcción de una base naval conjunta en Ushuaia, que servirá como "gran centro logístico" y puerto de desarrollo cercano a la Antártida.

Esta decisión generó polémicas dado a lo que se pone en juego con una base estadounidense en Ushuaia, teniendo en cuenta el conflicto soberano con el Reino Unido (ambos de la OTAN) en Malvinas, y el litigio territorial en la Antártida, además de que, cuestiones como esa, deben ser aprobadas en el Congreso.

De esto habló en Código Baires (90.9) el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien afirmó que, de llegarse a instalar sin previa aprobación de las cámaras ésta base militar norteamericana en Tierra del Fuego, impulsará la moción de llevar a cabo un juicio político a los responsables, bajo la carátula de "traidores a la Patria".

El abogado sostuvo que existen cláusulas constitucionales y tratados internacionales dentro de nuestra Carta Magna que pueden "tirar abajo" este plan del gobierno, pero que  "si no hay una postura firme del Congreso y el Poder Judicial, esta topadoa institucional que es el presidente Milei, lo va a llevar adelante".

"La base constitucional para repudiar esto está en la Cláusula Transitoria 1º de la reforma del 94, que reivindica nuestra soberanía territorial sobre Malvinas, que ahora se verian amenazados por tener esta base en Tierra del Fuego".

En ese sentido, remarcó que "no hay ninguna instalación de este tipo que pueda hacerse sin aprobación previa del Congreso. Esto está en el artículo 5º inciso 22", y ejemplicó con la base China presente en Neuquén, que se instaló una vez fuera aprobada por las cámaras en 2010, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, afirmó que ya se posee "la alerta para impedir que se transgreda la clausula constitucional, se quebrante el nivel de obediencia a la supremacía constitucional y también la afectación al nivel de obediencia a la supremacía de la constitución, que conjuga con el art. 29 de 'infame traidor a la Patria' a los que se arrogan facultades extraordinarias". 

Respecto a un posible amparo para frenar este avance, aseguró que "puede haber un amparo preventivo porque ya la sola amenaza de llevar adelante este proyecto convoca a lo que comprende un amparo en la constitución nacional, además de que debe ser uno de los capítulos del período de juicio político".

En ese sentido, agregó: "Este amparo debe partir de una autoridad nacional como el Congreso o alguna de sus cámaras, pero lo puede proponer cualquier organizacion de derechos humanos comprometida con el tema soberanía territorial".