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Diputados de Juntos por el Cambio quieren prohibir el voto de los presos

La iniciativa de los diputados de JxC lleva la firma del legislador Alberto Assef, y busca prohibir que personas privadas de la libertad puedan votar en las elecciones.

Diputados de Juntos por el Cambio quieren prohibir el voto de los presos

Esta tarde se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto impulsado por Juntos por el Cambio que busca prohibir el derecho a voto que actualmente tienen los presos y presas del país. La iniciativa fue impulsada por el legislador Alberto Assef, pero lleva de firma de adhesión de 10 diputados amarillos.

Para Assef, esta medida fue sancionada con un “mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado que detenta el oficialismo”.

Recordemos que la legislación actual le permite a las personas privadas de su libertad emitir el sufragio en la cárcel donde se encuentran, teniendo en cuenta que la ley fue sancionada en el año 2003 y dirigida a los presos y presas procesadas y sin condena firme.

El diputado Alberto Assef junto a Patricia Bullrich

“Insistimos que los fondos que son destinados a estos actos, bien podrían ser utilizados en favor de su propia seguridad y mejoramiento de condiciones de infraestructura carcelaria, pues bien sabido es el hecho de las deplorables condiciones sufridas por las personas privadas de la libertad, contrariando parámetros constitucionales y de pactos internacionales de Derechos Humanos, de raigambre constitucional”, incluyó en uno de sus argumentos el diputado Assef.

A las firmas de adhesión se sumaron los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio Gerado Milman, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, Maru Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.

En las últimas elecciones los presos y las presas representaron el 24% del padrón electoral, donde 13.826 personas privadas de la libertad votaron en las cárceles y unidades penales, de un total de 57.672 habilitadas, y allí el Frente de Todos se impuso en 18 de las 24 provincias del país.

En su momento, la iniciativa fue promovida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y surgió a partir del caso judicial “Mignone” en donde la Corte Suprema de Justicia se pronunció en 2002 sobre la inconstitucional de la prohibición de excluir del derecho al sufragio a las personas procesadas y bajo prisión preventiva.

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