El Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) amplió la denuncia que ya había presentado en el Juzgado Federal de Julián Ercolini, la cual pedía que se investiguen los delitos de “malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona”.
En esta oportunidad, desde el organismo solicitan que se le prohíba salir del país a los directivos de la concesionaria del servicio eléctrico. La restricción sería para “Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro“, la presentación lleva la firma de Walter Martello, titular del ENRE, y del abogado Miguel Priolo.
Al fundamentar el pedido de prohibición de salir del país para los directivos, Martello dijo que responde a la necesidad “de evitar la impunidad de un hecho injusto donde los afectados fueron miles de personas que se vieron y muchos de ellos al día de hoy se ven impedidos de poder hacer uso de la energía eléctrica que debería haber brindado sin ningún tipo de impedimento la empresa concesionaria Edesur de la cual las personas antes citadas son sus máximos representantes societarios”.
Ante esto el ENRE llegó a la conclusión de que “Edesur SA ha perdido la capacidad operativa de la concesión en forma intencional. Es clara la decisión de sus directivos de abandonar el país incumpliendo dolosamente sus obligaciones”, expresa el documento presentado ante Ercolini.
En decir, para el gobierno hay un “estado de déficit de la gestión operativa en términos de atención primaria de reclamos, reposición de suministro, operación de instalaciones, mantenimientos correctivos en tiempo y forma”.
Esto se debería a “la clara intención de los directivos de Edesur de frustrar dolosamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión de distribución de energía eléctrica para su área de incumbencia en forma inexcusable”.
