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Opinión

Hacia un gobierno comunal participado

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Hay que ampliar y profundizar la democracia popular (CFK)

Fuera de agenda y contra el sentido común, organizamos nuestro aporte al plan general de gobierno del Frente de Todos, en el orden municipal.

En lo político, uno tiene el derecho y el deber de promover una militancia territorial que atienda a la coyuntura, pero también una militancia temática: reflexionar, publicar y motorizar cuestiones estructurales más o menos complejas.

Porque, en definitiva, lo coyuntural es consecuencia de lo estructural. Los que se quedan con una sola forma de militancia y desprecian la otra, están desperdiciando la mitad de su potencia y contribuyen a la conservación de la coyuntura.

Así que nos imaginamos formar parte de un espacio público en el que podemos opinar y decidir con otros sobre cualquier política estatal: una vigente, que quiera modificarse, o una nueva, que quiera implementarse, o una que haya ideado cualquiera de nosotros. Imaginemos esta deliberación entre representantes y representados. Imaginemos que el resultado es vinculante.

A este sencillo concepto le damos el nombre de Inclusión Política y a su herramienta práctica la llamamos Gobierno Participado: un gobierno que abre sus puertas a la participación popular para el planteo, discusión, decisión y control de ejecución de políticas públicas, para discutir todo entre todos y arribar a decisiones compartidas, a través de foros de intervención ciudadana en cada una de sus áreas.

La única verdad es la realidad que se transforma

Hoy en Argentina estamos impregnados, inconscientemente, de una cultura neoliberal, aun cuando nos pretendamos nacionales y populares.

Esa cultura nos hace pensar la participación ciudadana en dos niveles: como una plataforma virtual consultiva (el Gobierno Abierto, por ejemplo) o como herramientas mixtas y/o presenciales (iniciativa popular, consulta popular, presupuesto participativo, etc.), que son escasas, muy poco difundidas (por lo tanto, casi nunca buscadas y menos aún implementadas) y que se caracterizan por un burocratismo que desalienta lo que pretende impulsar: la participación ciudadana.

La cobertura ideológica de esa cultura neoliberal en el campo nacional y popular es la fe en un ilusorio Estado presente y en el absolutismo de la representación. Esa clausura ideológica inhibe la creatividad política.

Es cierto que la representación puede albergar contenidos democráticos, que alcanzan a ser dominantes, pero eso depende de la organización política que el pueblo lleve al gobierno del Estado. Y ello implica lo que no se reconoce: que también puede amparar contenidos oligárquicos, que hasta logran ser, del mismo modo, dominantes. Hemos experimentado ambos derroteros.

La recuperación y el fortalecimiento de la legitimidad democrática de cualquier gobierno guardan una estrecha vinculación con la implementación de políticas públicas ágiles, rápidas y concretas, que impacten de manera positiva sobre las necesidades y expectativas de la población. Eso significa, fundamentalmente, el concepto de representación.

Las políticas participadas amplían y robustecen en la práctica social ese concepto, dado que impulsan y materializan la intervención popular en la conformación de las políticas públicas, logrando que el pueblo no sólo se reconozca representado en el Estado, sino que se sienta parte activa de él.

Participación popular en la conformación de políticas públicas

No se trata sólo de consultar a los vecinos sobre qué calles asfaltar, cuántas luminarias instalar, cómo embellecer una plaza y cuántos refugios de colectivos colocar. Esta idea es de una pobreza infinita (tributaria de la cultura neoliberal señalada líneas arriba), que sólo tiene destino de marketing.

Se trata de poner en juego la progresiva superación del individualismo, la fragmentación social y la desafección colectiva por la cosa pública, hoy dominantes en la sociedad, lo que, a su vez, puede orientar una trayectoria de reducción considerable de los márgenes de discrecionalidad política, económica y social de las autoridades formalmente constituidas y de quienes pretenden serlo.

El Presupuesto Participativo es un ejemplo de lo posible, si somos capaces de organizarlo y desarrollarlo desde un diseño integral. Su objetivo conocido es que el pueblo, junto al gobierno, discuta y decida en qué obras y servicios se debe invertir, año tras año, una parte de los recursos del Estado (o todos).

Para ello, en su versión conocida, se asigna una partida presupuestaria a ser dispuesta en ese proceso y se organiza el territorio en distintas zonas. En cada una de ellas, se realizan asambleas vecinales de libre concurrencia, en las que se presentan las necesidades y expectativas de sus habitantes, para convertirlas en proyectos, estudiar su viabilidad y definir su pertinencia. Finalmente, se realiza una consulta popular en cada zona, para que todas y todos, aun quienes no hayan participado de las asambleas, tengan la posibilidad de elegir cuáles de los proyectos en danza son prioritarios. Pero esto es sólo un Presupuesto Participativo “territorial”, parcial.

Para completarlo, para que sea una política pública integral, hay que instrumentar, además, lo que nunca se instrumentó: el Presupuesto Participativo “temático”, que consiste en reunir asambleas vecinales de libre concurrencia para plantear, discutir y decidir las líneas directrices de cada una de las políticas públicas que tendrá que ejecutar el gobierno (salud, seguridad, planificación urbana, cultura, etc.).

Representantes y representados en deliberación pública, en un pie de igualdad, para definir políticas de Estado

El clásico diseño del Presupuesto Participativo conocido recurre a aquella territorialidad y a la anualidad, características prácticamente intocables, que dificultan el planeamiento estratégico y tienden a fragmentar las necesidades y expectativas de la población, e, incluso, a generarle contradicciones, muchas veces insalvables.

El Presupuesto Participativo Integral, además de trascender la territorialidad, aunque conteniéndola, elude la anualidad y recurre al largo plazo: se invierte el primer año de gobierno en la organización y el desarrollo de todas las asambleas necesarias (territoriales y temáticas), para que de ellas emerjan las obras, servicios y políticas públicas a implementar a lo largo de los tres años siguientes, con lo que completaríamos los cuatro años de mandato.

Si en un primer año las asambleas plantean, discuten y deciden lo que el gobierno deberá hacer durante los tres años siguientes, en estos años esas asambleas bien podrían constituirse para un monitoreo participado, capaz de identificar debilidades y fortalezas en la ejecución de aquellas políticas públicas, con la finalidad de promover acciones tendientes a la superación de las primeras y la profundización de las últimas.

No es imposible calcular las partidas presupuestarias pertinentes, si recurrimos a series estadísticas, que es lo que se hace para programar el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos, año tras año. Tampoco es un problema nuestro ordenamiento jurídico-político, según el cual el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, porque son los representantes del pueblo quienes establecen los métodos de esa deliberación y de ese gobierno.

En el orden municipal, es el intendente quien tiene la facultad de programar el presupuesto y en esa facultad está implícita su facultad de establecer el método para llegar a esa programación.

Apéndice: por un cuarto nivel de gobierno

El Estado argentino contiene tres niveles de gobierno, con sus competencias, jurisdicciones y presupuestos específicos: nacional, provincial y municipal. La propuesta es avanzar hacia un cuarto nivel de gobierno: la localidad, dentro del municipio.

El ordenamiento jurídico de la provincia de Buenos Aires no contempla este cuarto nivel de gobierno (tampoco lo prohíbe), por lo que su propuesta puede seguir dos caminos:

a) Estudiar y analizar el tema para poder “engancharlo” en una futura reforma constitucional que contemple la autonomía de los municipios bonaerenses o en una futura reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

b) Estudiar y analizar el tema dentro del actual ordenamiento jurídico, para ir avanzando hasta que se concrete alguna de las iniciativas indicadas en la opción anterior.

Nosotros preferimos la opción “b” del punto anterior.

El primer paso hacia la creación de un Cuarto Nivel de Gobierno bien puede darse a través de:

a) La elección por consulta popular de administradores de centros comunales (delegados);

b) La creación de consejos vecinales electivos (ad honorem) en cada localidad;

c) La especificación de competencias y jurisdicciones del gobierno local (Centro Comunal) y la readecuación presupuestaria pertinente.

La Ley Orgánica de las Municipalidades faculta exclusivamente al intendente para designar a los delegados de las localidades que conforman el municipio (en el caso de La Plata, administradores de centros comunales), tal como ocurre con la programación presupuestaria. Pero nada dice acerca de los métodos que el intendente debe utilizar para ello. Así es que el intendente puede apelar al método de consulta popular no vinculante para que los delegados (administradores de centros comunales) sean elegidos por los habitantes de cada localidad.

En cuanto a la creación de consejos vecinales electivos, que actúen como colaboradores y también como fiscalizadores de la tarea del administrador del centro comunal (delegado), no hay ningún obstáculo jurídico, en tanto sigamos el razonamiento de los casos anteriores.

 

Carlos Sortino es Militante de la Agrupación Municipal Compromiso y Participación (COMPA), de La Plata, en el Frente de Todos.

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1 comentario

1 comentario

  1. Silvia

    12 de noviembre, 2022 at 23:55

    Excelente!!

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