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Opinión

Es hora de rever la ley provincial de agroquímicos

Actualmente, la ley provincial Nº 10699 que regula el uso y la aplicación de agroquímicos contiene algunos puntos que se encuentran desactualizados. Mientras tanto, en los últimos 34 años la situación en el interior de la Provincia atenta contra la salud de millones de bonaerenses.

Es hora de rever la ley provincial de agroquímicos

La ley provincial 10699 contiene un carácter de regulación en el uso, aplicación y receta de los agroquímicos para la producción que es “bastante abarcativo” según precisiones de diferentes ingenieros agrónomos. Y aunque tiene algunos artículos que se encuentran bien planteados, el paso de estos 34 años y la expansión del modelo del agronegocio, hacen que la situación actual sea un contexto de urgencia para rediscutir sus reglamentaciones.

En principio hay que destacar que la provincia de Buenos Aires tiene un régimen de exportación de granos muy importante para la matriz productiva del país: Es la tercera provincia exportadora de granos, por detrás de Santa Fé y Córdoba.

Asimismo, según el censo agropecuario del INDEC realizado en el 2018, el 27% de la superficie de la Provincia se encuentra abocado a la siembra de todo tipo de granos y oleaginosas, entre las que se destacan la Soja, el Maíz y el Trigo, y de los cuales más del 90% de los cultivos se ven expuestos al uso de químicos para el control de plagas, malezas y hongos.

Datos relevados del Censo Agropecuario del INDEC

Además hay que tener en cuenta que el modelo de producción de granos en el territorio bonaerense ha ido avanzando en territorios donde antes primaba otro tipo de producción económica, como lo es la ganadería, sobre todo en la zona centro y sur de la Provincia.

Actualmente, el contexto socio económico del país invita al desarrollo de las actividades económicas primarias, teniendo en cuenta que el ingreso de divisas es la mayor necesidad que tiene el Gobierno, y que el agronegocio, es la vía más fácil para obtenerlo.

Si a eso le sumamos que el 24 de febrero de este año, tropas Rusas irrumpían en territorio ucraniano lo que daría inicio a la guerra entre los países balcánicos, que afectaría entre otras cosas, al mercado mundial de alimentos, se presenta para el país una oportunidad única de posicionarse en el mercado global de granos. ¿Pero a costa de quién?.

En los últimos meses, diferentes asambleas locales de los distintos partidos del interior bonaerense han alzado su voz en un carácter de hartazgo, advirtiendo que la exposición al uso de agroquímicos se ha incrementado y “que no se aguanta más”.

El caso más emblemático de los últimos meses se dio en la ciudad de Baradero, que casualmente es una de las ciudades de Buenos Aires que no cuenta con una reglamentación local para la aplicación de agroquímicos, en donde se observó la presencia de glifosato en la orina de 8 chicos, chicas y docentes de la Escuela Rural Nº 8.

“Hemos vivido situaciones donde han fumigado mientras los chicos están en el recreo. Yo ya hice varias denuncias, pero no pasó nada, nada les importa, es como si nosotros fuéramos los loquitos anti veneno y la verdad que da bronca porque está a la vista la situación”, describió a este portal la docente e integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida, Paola Kruger.

¿Qué pasa con la ley actual?

La ley provincial Nº 10699 faculta al ministerio de Desarrollo Agrario a regular “la elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, transporte, almacenamiento, comercialización o entrega gratuita, exhibición, aplicación y locación de aplicación” de los diferentes agroquímicos, en articulación con otras carteras, como el ministerio de Salud.

Esta fue una ley reglamentada en el año 1988, previo a la llegada e instalación del paquete tecnológico (en 1994), que intensificó el uso prolongado de pesticidas: Según la ONG Naturaleza de Derechos, en 1996 se comenzó a utilizar 4 lt de herbicida por hectárea, mientras que en 2018 se utilizaron 13 lts por hectárea, teniendo un aumento de más del 300% en dos décadas.

En el artículo 38 del decreto reglamentario de la ley, se establece que las empresas aplicaderas “deberán operar a una distancia no menor de 2000 metros de centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aun después de haber agotado su carga”. Sin embargo, es una mera formalidad.

“Los municipios como el Estado en su gran mayoría no cumplen porque no tiene suficiente capacidad de poder de policía, no tiene un suficiente volumen de personas que puedan reglamentar ese uso”, sostuvo la ingeniera agrónoma Carmela Di Leo, quien además comentó que muchas veces el Colegio de Ingenieros Agrónomos oficia de ayuda para el Estado Provincial, pero “no se da abasto” con la situación.

Aquí hay que tener en cuenta un dato central: Las ordenanzas municipales pueden contrarrestar la reglamentación provincial, y establecer un límite de aplicación mucho mayor o menor, según las condiciones del ecosistema local. Por ejemplo, el municipio de Tres Lomas estableció una zona de exclusión para la aplicación aérea de 1500 mts, mientras que en zona terrestre, existe una limitación de 300 mts al rededor del ejido urbano de la localidad.

Actualmente existe una ley de envases vacíos en la Provincia que no se respeta, lo que hace que se arrojen residuos químicos por cualquier lugar.

Sin embargo, muchas veces se corre de lado a los profesionales encargados de la materia, para la sanción y aplicación de los químicos. Como cuenta Di Leo, en muchos lugares de la provincia, son las cámaras de aplicadores y productores de insumos químicos las que delimitan su uso, llegando a permitir la aplicación de un herbicida sin receta agronómica ni matrícula vigente.

“Estamos hablando de empresas grandes que se dedican a la aplicación de agroquímicos que no contemplan. Las personas que están capacitadas y formadas para el trabajo en la producción agropecuaria, no están al frente de esto”, sostuvo Di Leo.

A esto se suma la idiosincrasia de las localidades, en las cuales conviven en armonía el poder municipal con los productores de granos, la Sociedad Rural o los pooles de siembra, que hace que sea una discusión prohibida la reglamentación de la actividad.

Es urgente incluir en la ley una perspectiva de salud pública

Todos los integrantes de las asambleas de vecinos denuncian un mismo modus operandi: Con el correr de los años, crecen las consultas con los profesionales de la salud que tratan enfermedades en el sistema nervioso. No es casualidad: En la receta de los agroquímicos se describe como efecto adverso que la constante exposición produce daños irreversibles a la salud.

“Lo que si vemos, y personalmente me da la sensación, que están falleciendo personas de edad por debajo de los 60 años, de manera que me llama la atención. Hay una situación sanitaria que merece ser estudiada”, denunció el presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud de Lobos, Marcelo Vasaro, quien hace 3 meses informó que detectaron 17 tipos de agroquímicos en el agua de lluvia de la ciudad de Lobos.

Hasta ahora, desde el ministerio de Salud no existe un programa que vaya en esta línea y esté apuntado de lleno a involucrarse en la atención primaria en el interior de la Provincia, y por el contrario, queda a merced de los distritos locales. Un caso testigo es lo que sucede en Pergamino.

Actualmente hay una ordenanza que se encuentra cajoneada, que insta al municipio a realizar un registro de tumores en el partido, mediante la articulación con el HIGA San José de Pergamino, y que no se pone en funcionamiento “por temor a que se conozca la realidad”.

La abogada Sabrina Ortiz, integrante del colectivo Paren de Fumigar Pergamino, comentó que existe un barrio en la Ciudad que tiene “50 casos de cáncer alrededor de 8 manzanas”. “Este tipo de relevamiento lo ha hecho una docente que es querellante en la causa federal inicial que es la primera que se dio en Pergamino, donde ella y todos sus integrantes, los cuatro integrantes de la familia tenían cáncer”, mencionó la Abogada.

En esa línea, Carmela Di Leo insistió en que el debate se tiene que dar, no priorizando un interés sobre otro, sino propiciando una articulación de todos los sectores que involucran el tratamiento de los agroquímicos.

“En los distintos actores de la aplicación, si están linderos a las ciudades, interviene el actor humano. ¿Y quién es responsable del humano?, un médico y el sistema de salud pública que puede detectar lo que le pasa a una persona en relación a los agroquímicos”, argumentó la Ingeniera agrónoma.

Si al análisis sumamos que el modelo del agronegocio está en expansión, es imprescindible fomentar un nuevo debate sobre una ley provincial de agroquímicos, que primero obligue a los municipios a establecer sus propias ordenanzas de aplicación, pero que además incluya una perspectiva de salud pública.

Es ideal que la salud sea abordada desde la prevención, y no desde la atención en su segundo y tercer nivel de complejidad, porque en la gran mayoría de los casos, llega tarde. Y mientras tanto la gente, en el interior bonaerense, está acortando su nivel de vida.

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