Este martes, el Tribunal Oral y Federal N° 1 comenzó con el juicio a los 12 genocidas acusados de participar en las brigadas del Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno, que se encontraban dentro del Circuito Camps. La causa fue elevada a juicio oral el año pasado, por el juez Ernesto Kreplak.
Entre los imputados se encuentra el genocida Luis Horacio Castillo que, hasta junio del año pasado, se encontraba desempeñando funciones como director del colegio San Diego, de la localidad de Wilde, en Avellaneda.
Hasta ese momento, Castillo había pasado desapercibido en sus funciones educativas. Sin embargo, fue reconocido por varios sobrevivientes de el Centro Clandestino El Infierno, lo que luego derivó en su apartamiento por parte de la Dirección de General de Cultura y Educación, y la inclusión por parte de Kreplak en el juicio.
Lo más insólito de la situación es que Castillo, junto a su esposa María Marta Sosa, decidieron abrir un jardín de infantes en el año 1979, en el sótano de su casa donde antes había funcionado El Infierno. Con los años, el jardín mutó en el famoso colegio San Diego, y se transformó en una coartada que le permitió al genocida mantenerse casi 40 años en libertad.
Asimismo es uno de los primeros represores en enfrentar cargos por abusos sexuales contra la comunidad trans-travesti, ya que entre sus víctimas, se reconoció a Valeria del Mar Ramírez, una de las personas que pasó por el Pozo de Banfield y lo reconoció.
En marzo del año pasado fue detenido, con prisión preventiva, tras haber prestado declaración indagatoria ante Kreplak, por haber sido partícipe necesario de los secuestros y las torturas que sufrieron 39 personas que permanecieron cautivas en El Infierno, y por abusos sexuales contra 3 personas.
Actualmente Castillo tiene 81 años, y fue reconocido por Hector Callejas, uno de los sobrevivientes de El Infierno, quien lo acusó de ser “el supuesto jefe que estaba a cargo” de los prisioneros en Lanús.
¿Cómo será el juicio del Circuito Camps?
Este martes comenzará el juicio oral, con un dato importante: Originalmente los genocidas acusados eran 18, sin embargo con el correr de los años se han ido muriendo, quedando finalmente los 12 represores que se sentarán en el banquillo.
El proceso judicial tuvo inicio hace 3 años, en el cual a finales de septiembre del 2020, el TOF 1 decidió unificar las causas de “Los Pozos” con el de la Brigada de Investigaciones de Lanús.
El Circuito Camps llegó a contar con 29 lugares de detención a lo largo de nueve partidos de la provincia de Buenos Aires. Los CCD estaban vinculados entre sí. Por eso, algunos prisioneros ilegales eran trasladados varias veces de un establecimiento a otro. Además, el personal policial operaba en los distintos centros que integraban el circuito.