jueves 02 de julio de 2020 - Edición Nº575

Justicia | 6 abr 2020

JOSÉ MANUEL INZA

El ex intendente de Azul fue condenado a seis meses de prisión en suspenso

Junto a dos ex secretarios de Hacienda, el ex jefe comunal también quedó inhabilitado para ejercer la función pública.


El ex intendente de Azul entre 2011 y 2015, José Manuel Inza, fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por incumplimiento de deberes de funcionario público junto a otros dos ex funcionarios de Hacienda durante su gestión.

El ex titular del Ejecutivo municipal recibió, además, un año de inhabilitación para desempeñar cargos públicos en carácter de funcionario. Es porque la Justicia detectó irregularidades cometidas en el intento de privatización del cobro de tasas municipales vencidas a favor de una empresa llamada TIP SA.

Además, los ex secretarios de Hacienda de la ciudad durante su gestión, Néstor Requelme y Daniel Mujica, fueron sentenciados a un mes y cinco meses de prisión más inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos meses y diez, respectivamente.


Néstor Requelme

La sentencia, que puede ser apelada por los condenados, fue dictada por el titular del Juzgado Correccional Nº 1 de Azul, Aníbal Álvarez y se resolvió en la modalidad de juicio abreviado, luego de los más de tres años que duró el proceso.

“Con relación a la modalidad y al monto de las penas impuestas, cabe señalar que la carencia de antecedentes penales de los imputados hace viable que la ejecución de la pena de prisión sea en forma condicional; y respecto al monto, el mismo se encuentra dentro de los márgenes legales, no pudiendo el suscripto apartarse del acordado por las partes, salvo en beneficio de los imputados", escribió el magistrado en un tramo del fallo.


Daniel Mujica

Además, Inza fue condenado por pagar sobresueldos a ocho de los funcionarios municipales que integraron su equipo de gobierno y por la falta de pago a proveedores de insumos del Hospital Municipal "Dr. Ángel Pintos".

Asimismo, el juez comprobó que libró cheques posdatados, es decir, que los acreedores podían cobrarlos después de finalizada la gestión al frente del Ejecutivo, algo que no está permitido.

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