Tras la sanción de un nuevo convenio para la recolección y disposición final de la basura en una sesión del Concejo Deliberante necochense luego de que se habilite la legitimación de una millonaria deuda en favor de la empresa a la que se le renovó la concesión, se generó una polémica protesta de un grupo de ambientalistas quienes aseguraron que se validó una deuda por servicios no prestados.
Este acuerdo tuvo el aval del bloque de concejales que responden al intendente Arturo Rojas, tanto del Frente de Todos como el de Juntos. Sobre un total de 20 ediles, tan solo dos concejales de la Agrupación Comunal Transformadora, Pedro Arabarco y Mariela Maceiro, y la concejal radical Felicitas Cabretón, votaron en contra del proyecto.
En la sesión, un grupo de ambientalistas acompañados por otro de vecinos ingresaron al recinto y se manifestaron oponiéndose a la instalación de una la planta de separación de residuos en inmediaciones al Paseo de la Ribera.
La polémica se desató cuando se dio a conocer el acuerdo con la empresa Relisa, que posee “una deuda de casi 1.000 millones de pesos por una serie de servicios de disposición final de basura” según informaron desde un sitio local.
Desde la otra perspectiva, detallaron que esos servicios “no se brindaron en dos décadas, causando un fuerte daño ambiental que afecta el agua, el aire y la tierra”. Asimismo, adelantaron que el entendimiento dejaría sin efecto las multas labradas contra la empresa concesionaria.
Polémica, escrache y “lluvia de basura” en el recinto
Tras la aprobación, hubo momentos de discusión y de tensión. Algunos concejales contestaron con gritos e insultos.
Mientras tanto, los manifestantes mostraron sus pancartas y tiraron bolsas de plástico (con basura incluida), botellas y otros elementos por todo el recinto. La votación, que se realizó de forma nominal, se llevó adelante en un marco de silbidos y abucheos.
En los instantes previos, dirigentes locales del PRO llevaron a cabo una denuncia penal: “A instantes de celebrarse la sesión que tendrá como eje principal el ‘acuerdo’ con la empresa Relisa concesionaria del servicio de recolección de residuos por el que se reconocerá el pago con intereses por un servicio que nunca prestó y que ha causado daño a la salud de la población y al medioambientales en general; manifestamos que realizaremos denuncias penales sobre quienes decidan votar positivamente ese acuerdo” sostuvieron.
