Preocupación en La Plata por denuncia de "torturas" en una comisaria
Un joven de 17 años denunció que fue torturado por dos efectivos de la comisaria 6ta de La Plata, en lo que habría sido un intento por forzar la confesión de un delito y la delación de otros supuestos involucrados, para lo cual los policías utulizaron una picana eléctrica en reiteradas oportunidades.
En su declaración, el adolescente señaló que fue detenido por ser sospechoso de un caso de robo y fue trasladado a la dependencia policial ubicada en Tolosa, donde habría recibido golpes, le habrían aplicado descargas con picana eléctrica y habría sido incomunicado, sin la posibilidad de contar con un abogado.
Los hechos ocurrieron el domingo 26, y las torturas comenzaron durante el traslado de la víctima a la comisaría, continuaron en la dependencia policial, y se repitieron durante dos traslados en los que fue llevado al cuerpo médico policial y a la defensoría pública.
Vale recordar que esa dependencia policial se encuentra clausurada por resoluciones ministeriales y por sentencia judicial, a pesar de lo cual sigue en funcionamiento, por lo que el solo traslado del menor a esa dependencia representa una clara ilegalidad, por lo que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y desde la Defensoría del Pueblo reclamaron celeridad a la justicia y pidieron el rápido esclarecimiento de los hechos.
“Nos encontramos con presuntas violaciones a los derechos humanos que nos remiten a los peores años de nuestra historia y que lamentablemente hasta el día de hoy se siguen repitiendo. Hay que actuar con fuerza ante estos hechos que no deberían tener lugar en una sociedad democrática”, expresó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Desde la subsecretaría de Derechos Humanos, por su parte, le solicitaron al fiscal Marcelo Martini, que caratule la causa como "torturas" y rápidamente individualice a todos los agentes policiales y profesionales de la salud que hayan participado con diferentes grados de responsabilidad en la configuración de los hechos delictivos, recomendando además recabar y analizar los reconocimientos médicos, los móviles policiales involucrados, los libros de registro de la dependencia policial, entre otros elementos.
La prueba central de los hechos fue el registro en imágenes que realizaron los mismos policías responsables de la tortura, uno de los cuales ya fue desafectado por decisión de la Dirección de Asuntos Internos, a la vez que se inició una causa penal en paralelo al sumario administrativo que corre por cuerda separada.
