Reclaman que se vacune a personas detenidas

Frente a la suba exponencial de contagios por Covid-19 en el país, denuncian que la política sanitaria de los gobiernos Nacional y Provincial no llega a los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires.

Luego de que la Comisión Provincial por la Memoria (CMP) constatara esta situación en inspecciones realizadas durante el año a 27 unidades penitenciarias, le reclamó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se tomen medidas urgentes, entre ellas la vacunación de las personas detenidas. Durante el 2020, 28 de las 178 personas fallecidas en cárceles fueron por coronavirus.

Según se constató, hasta el 12 de marzo de este año, se habían realizado sólo 345 hisopados en las unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense. Siendo más de 44.000 detenidos, ese número de testeos representa una tasa de 9 hisopados cada 1.000 personas.

En este contexto, cuando aparece un caso sospechoso, las medidas que se toman sólo consisten en aislar pabellones enteros, sin testear ni brindar ningún tipo de seguimiento o atención.

Desde hace años se viene demandando pensar en medidas estructurales que reduzcan los índices de sobrepoblación y hacinamiento. En abril de este año, había en cárceles una sobrepoblación de 114%. En ese sentido, la CPM solicitó a la Corte bonaerense que instruya a los jueces para revisen la situación de detención y la condición de las personas que se encuentran detenidas a su cargo y son grupos de riesgo.

Respecto a las comisarías, pidió que se instruya a los jueces para que en el marco de sus competencias prioricen la disposición de medidas alternativas al encierro de aquellas personas que transitan su detención en dependencias policiales y en especial de aquellas que lo hacen en comisarías clausuradas por orden judicial o que cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana.

Aseguraron que se construyeron hospitales modulares en las cárceles, que se inauguraron entre diciembre y enero, pero que no están funcionando por falta de personal e insumos. Finalmente, reclamaron que se debe incluir a las personas detenidas en los planes de vacunación y priorizar a las personas con factores de riesgo y edad avanzada, con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad.