Precios Justos: Se sancionó la ley que se aplicará en Provincia
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la Ley de Precios Justos para cada uno de los municipios y actualizaron las multas para los que incumplan con los derechos al consumidor.
Tras aprobar el Presupuesto 2023 y la Ley Impositiva, los diputados bonaerenses sancionaron la Ley de Precios Justos en los municipios provinciales donde también se actualizaron las multas y sanciones para quienes infrinjan el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores.
Esta propuesta buscará darle la importancia a los gobiernos municipales de controlar el cumplimiento de los acuerdos de precios y de góndolas teniendo en cuenta la ley de los Derechos de Consumidores y Usuarios.
Desde la legislatura bonaerense ratificaron que, para lograr el efectivo cumplimiento de Precios Justos, dependerá de "la concurrencia y el fortalecimiento de los gobiernos locales, que son el ámbito más próximo a la ciudadanía”.
Cabe destacar que la ley nacional de 27.642 de alimentación saludable cambia debido a la ley provincial 13.133 cuyo fin radica en garantizar el acceso pleno de la población a los productos de las góndolas.
“Con esta ley apuntalamos el programa Precios Justos impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, para hacerle frente a la inflación. Con el esfuerzo conjunto de Nación, Provincias y Municipios vamos a lograr precios más justos en todas las comunidades del país” manifestó un referente oficialista de la Cámara Alta bonaerense.
Asimismo, según funcionarios nacionales, las empresas que participan del programa representan el 86% del consumo masivo en el país, incluidas Coca Cola, Quilmes, Unilever, Mastellone, Molinos, AGD, Las Marías y Ledesma.
La ley de Precios Justos
En esta sesión que duró hasta la madrugada, se sancionó la Ley que llevó adelante la senadora Gabriela Demaria donde se aplicará multas para quienes incumplan con los derechos de los y las consumidores teniendo en cuenta que “el tope pasaría de $500 mil a $272 millones, con una fórmula móvil de actualización automática que evitará su depreciación”, según comentaron fuentes de la legislatura provincial.
Particularmente, el artículo 2 estableció que "el Gobierno Provincial deberá formular políticas enérgicas de protección de los consumidores y usuarios, dentro del marco constitucional de competencias, y establecer una infraestructura adecuada que permita aplicarlas".
Finalmente, Demaría precisó “Las medidas de protección al consumidor se deberán aplicar en beneficio de todos los sectores de la población y acentuarse respecto de los consumidores hípervulnerables que pertenezcan a colectivos sociales afectados, tales como las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, entre otros”.
