Milei envió al Congreso una Ley con la que busca apropiarse de la suma del poder público

El Gobierno nacional envió al Congreso una Ley Ómnibus, similar al mega DNU, que entre otros aspectos dispone una amplísima delegación de las facultades legislativas al Poder Ejecutivo, hasta el 31 de diciembre de 2025. De esta manera, el presidente Javier Milei, podría tomar cualquier decisión en materia económica, impositiva, financiera, de seguridad, social, laboral, electoral, sin pasar por las cámaras de Diputados y Senadores. Además, busca permitir el libre endeudamiento, privatizar todas las empresas, cambiar el sistema electoral y representativo, restablecer Ganancias, eliminar la ley de movilidad jubilatoria, . 

El proyecto, que se llama Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en referencia al célebre texto de Juan Bautista Alberdi, fue presentado pasadas las 15:00 de este miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El texto, que contiene 664 artículos a lo largo de 351 páginas, será tratado durante las sesiones extraordinarias que comenzaron ayer y se extenderán hasta el 31 de enero.

En primer término, la mega Ley busca, como se informara, que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma “facultades legislativas”, lo que implicaría que Milei se apropie de la suma del poder público, como lo hiciera la dictadura cívico militar del año 1976. 

Asimismo, propone una reforma política que incluirá la eliminación de las PASO, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando las listas cerradas.

Por otro lado, promueve el desguace del Estado y la privatización de todas las empresas públicas, lo que “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica”, como afirma el texto, abre la puerta a negociados por parte de sectores económicos amigos del gobierno, despidos, y abandono de la mirada estratégica y social de las companías. Algo sucedido durante la década del 90’ cuando se realizó una política similar. 

27 empresas son las empresas que dejarán de estar en manos del Estado, entre ellas, la Administración General de Puertos S.E.; Aerolíneas Argentinas S.A.; Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.; Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; Casa de Moneda S.E.; Contenidos Públicos S.E.; Corredores Viales S.A.; Correo Oficial de la República Argentina S.A.

También Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E.; DIOXITEK S.A.; EDUC.AR S.E.; Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.; Energía Argentina S.A.; Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.; Fabricaciones Militares S.E.; Ferrocarriles Argentinos S.E.; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.; INTERCARGO S.A.U.; Nación Bursátil S.A.; Pellegrini S.A.; Nación Reaseguros S.A.; Nación Seguros de Retiro S.A.; Nación Servicios S.A.; Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.