Un Gobernador fue a la Justicia contra el DNU

Este viernes después de las 00 entró en vigencia en todo el territorio argentino el famoso mega DNU que elaboró Javier Milei hace dos semanas. Recordemos el texto prevé la "desregulación total" de la economía argentina que incluye, entre otros artículos, la derogación de leyes importantes como la ley de tierras, ley de empresas públicas, y la incursión de las Sociedades Anónimas en el fútbol, entre otras cosas.

Uno de los puntos cruciales tiene que ver con la eliminación de las transferencias discrecionales que realizaba el gobierno Nacional hacia las Provincias. Es por eso que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, interpuso un recurso de amparo pasadas las 12 de la noche.

El mismo le solicita a la Corte Suprema de Justicia que se expida al respecto si el Decreto de Necesidad y Urgencia es constitucional, e insta a que hasta que no se defina esa situación, sea suspendido. El texto lleva la firma de los letrados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra.

"Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales", indicó Quintela en sus redes sociales.

Y agregó: "Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia".

El recurso se suma a las más de 15 presentaciones judiciales ya presentadas contra la vigencia del mega DNU. Recordemos que hasta que no sea tratado en el Congreso, únicamente la Justicia es el único órgano que se puede expedir al respecto y frenar su aplicación.

Además la cautelar solicita la suspensión de la feria judicial vigente en enero, para que se pueda tratar y deliberar sobre esta situación.

Sobre esto ya hay sentado un precedente que tiene que ver con el rechazo que realizó la Justicia al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual se denegó debido a que todavía "no había entrado en vigencia". 

En el fallo se sentó precedente teniendo en cuenta que “habría derechos colectivos afectados, como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”, según indicó el juez laboral José Ignacio Ramonet en su descargo.