El MST respondió con una carta documento a las ‘multas’ de Bullrich por marchar

El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda Unidad ha respondido oficialmente a las "multas" impuestas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de una carta documento. La dirigente nacional del MST, Alejandro Bodart, considera la medida como una "pretensión delirante, improcedente y represiva" por parte del gobierno de Javier Milei.

En la carta documento, Bodart expresa su rechazo a la solicitud de pagar sumas considerables por los operativos policiales realizados durante las marchas y protestas organizadas por el MST. Además, el dirigente destaca la intención del gobierno de anular el derecho democrático y constitucional a reclamar, sugiriendo que se busca coartar la libertad de expresión y la participación en movimientos sociales.

 “Hemos respondido por carta documento la intimación de la ministra Patricia Bullrich recibida días atrás para que paguemos fortunas por sus operativos policiales. Es una pretensión delirante, improcedente y represiva por parte del gobierno de Javier Milei, que no sólo intenta anular el derecho democrático y constitucional a reclamar, sino que además le paguemos por ello", expresó.

Bodart anunció que la respuesta correspondiente al gobierno de Milei se llevará a cabo durante el paro general convocado para el próximo miércoles 24, con una movilización masiva y multisectorial hacia el Congreso. Este paro general se organiza en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la ley ómnibus y el protocolo antidemocrático impulsado por el gobierno.

"La respuesta correspondiente se la seguiremos dando al gobierno el próximo miércoles 24, con el paro general y una movilización masiva y multisectorial al Congreso contra su DNU, su ley ómnibus y su protocolo antidemocrático”, precisó.

Por otro lado, la diputada porteña del MST, Celeste Fierro, quien desde diciembre pasado promueve una acción judicial contra la Resolución 943/2023, ha decidido agregar las multas como un "hecho sobreviniente" a la causa.

Fierro sostiene que esto confirma la ilegalidad del protocolo y su objetivo de intimidar cualquier reclamo social. La acción judicial busca declarar la inconstitucionalidad del protocolo y está actualmente en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 28, a cargo del juez Martín Carlos Del Viso. Fierro espera que este juzgado finalmente se declare competente, dicte una cautelar suspensiva e invalide el protocolo por inconstitucional.

"Nuestra acción declarativa de inconstitucionalidad se la vienen pasando entre sí los fueros electoral, contencioso y penal. Esperamos que este último finalmente se declare competente, dicte cuanto antes la cautelar suspensiva e invalide ese protocolo por inconstitucional", agregó.