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La Provincia avanza en un acuerdo con la CIDH por la "Masacre de Magdalena"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, se reúne con el CELS y el CIAJ para avanzar en un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH por la trágica "Masacre de Magdalena" ocurrida en 2005 en el Pabellón 16 de la Unidad 28 de Magdalena.

Francisco Gil
26/01/2024
La Provincia avanza en un acuerdo con la CIDH por la ”Masacre de Magdalena”

La Provincia de Buenos Aires avanza en un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la tristemente conocida "Masacre de Magdalena". El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, encabezó una reunión crucial con autoridades del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).

La "Masacre de Magdalena" se refiere al trágico incidente que tuvo lugar el 15 de octubre de 2005 en el Pabellón 16 de la Unidad 28 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. En ese lamentable suceso, perdieron la vida 33 personas que se encontraban privadas de su libertad. Este caso ha sido considerado emblemático en cuanto a la vulneración de los derechos humanos en el ámbito penitenciario.

El ministro Mena, acompañado por Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal, recibió en su despacho a representantes del CELS y CIAJ para ultimar detalles en la búsqueda de un acuerdo que permita cerrar la controversia y avanzar hacia la reconciliación y reparación de las víctimas y sus familias.

Durante la reunión, participaron Paula Litvachky, directora Ejecutiva del CELS; Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro; Erika Schmidhuber Peña, abogada del equipo de Trabajo Internacional; y Sofía Caravelos del CIAJ. Juntos, discutieron los términos y condiciones que regirán la firma de un acta compromiso en el marco del acuerdo de solución amistosa entre las partes peticionantes y el Estado provincial.

Esto representa un paso crucial hacia la resolución de un caso que dejó una huella profunda en la memoria colectiva y que exige respuestas y justicia. La solución amistosa busca, además, reparar los daños sufridos y sentar las bases para prevenir futuros eventos similares en el sistema penitenciario.

La firma de este acuerdo no solo busca cerrar este capítulo oscuro de la historia, sino también construir un camino hacia una justicia más efectiva y respetuosa de los derechos humanos en la provincia.

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