En medio de una inflación altísima, el gobierno eliminó programas de control de precios

El Gobierno anunció la derogación de 69 normas, entre ellas, leyes como Precios Justos, la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento, con el objetivo de "disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio". Según la Secretaría de Comercio, estas medidas buscan simplificar la gestión y evitar pérdidas de tiempo y recursos para ciudadanos y empresas.

La resolución 51/2024, publicada en el Boletín Oficial, oficializa la derogación de normas que, según la Secretaría de Comercio, "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado". Pablo Lavigne, secretario de Comercio, señaló que estas medidas buscan desburocratizar la gestión del Estado.

Entre las leyes derogadas se encuentran Precios Justos, la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento, que, según la Secretaría de Comercio, "distorsionaban el sistema de precios, especialmente en alimentos y bebidas". Se destaca que se trabajó en el relevamiento de normas con el objetivo de eliminar superposiciones y reiteraciones, promoviendo ajustes necesarios.

Además de la eliminación de sistemas como Sifire y Sipre, que obligaban a informar etiquetas y rótulos de nuevos productos y establecían un régimen informativo de precios, se derogaron normativas complementarias a la Ley de Góndolas y de Abastecimiento. También se impulsó la derogación de programas como Precios Cuidados y el acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies.

La Secretaría de Comercio subrayó que estas derogaciones son parte de una primera etapa de relevamiento, anticipando que seguirán otras medidas de simplificación. En este contexto, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, así como la obligación a frigoríficos de informar semanalmente precios y cantidad vendida.

Estas acciones del Gobierno reflejan una orientación hacia la simplificación administrativa y la reducción de intervenciones estatales en el ámbito comercial, aunque generan debates sobre el equilibrio entre la competencia y la regulación necesaria para proteger a los consumidores y garantizar prácticas comerciales justas.