Red de DDHH denunció ante ONU la represión del gobierno en el Congreso

Esta semana, representantes de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia presentaron una denuncia ante las más altas autoridades de las Naciones Unidas, alertando por las violaciones a los principios democráticos y los derechos fundamentales del país bajo el gobierno de Javier Milei durante el debate en el congreso por la Ley Ómnibus, entre otras cuestiones.

En la presentación ante la ONU, se detallaron diversas medidas adoptadas por el gobierno de Milei que, según la denuncia, contradicen derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Argentina y amenazan el sistema democrático. Algunas de estas medidas incluyen:

1- Mega devaluación de la moneda y aumento desorbitado de la inflación: Una de las medidas destacadas fue la mega devaluación de la moneda, que causó una ola de aumentos de precios y una inflación descontrolada del 118%.

2- "Protocolo antipiquetes": Se anunció un protocolo que prohíbe la protesta en las calles, con la amenaza de quitar subsidios públicos a los manifestantes, reclamando identificación facial e imponiendo multas a las organizaciones convocantes.

3- Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/23: Este decreto busca la "desregulación económica del país" con 366 artículos, derogando unas 300 normas vigentes, afectando áreas clave como el Código Civil, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Alquileres, y dejando sin regulación la sanidad privada, el sector aerocomercial y los medios de comunicación.

4- Proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos": Este proyecto consta de 664 artículos y busca otorgar al Poder Ejecutivo la suma del poder público a través de "delegaciones legislativas" en diversas áreas, afectando casi todos los aspectos de la vida de las personas.

La denuncia destacó similitudes con la dictadura militar de 1976 al señalar que el gobierno de Milei impulsa transformaciones regresivas en materia laboral, limitando derechos sindicales, prohibiendo el derecho de huelga, y reduciendo beneficios laborales. "Dada su flagrante ilegalidad, esta reforma ya ha merecido una orden de no innovar por parte de la Justicia Laboral Argentina".

Además, se menciona la reducción presupuestaria en áreas cruciales como ciencia, tecnología y cultura, la eliminación de obras públicas, la disminución de ingresos para trabajadores y jubilados, y la liberación de tarifas de servicios esenciales, beneficiando a grandes empresas.

Ante esta situación, la Red Federal para la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia ha solicitado la intervención de organismos internacionales de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y varios relatores especiales de la ONU. Instan a estas autoridades a visitar Argentina y verificar in situ las graves violaciones denunciadas.

Entre las organizaciones firmantes, se encuentran la CTA Autónoma Nacional; la Federación Judicial Argentina (FJA); la Asociación Americana de Juristas (AAJ); la Justicia Legítima; la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL); la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); el Instituto Espacio para la Memoria (IEM); las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Tucumán; Liberpueblo; la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo; la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL); entre otras.

Por su parte, algunas de las personalidades firmantes de este llamado, fueron Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas; Nelly Minyerski; Eduardo Barcesat; Atilio Boron; Padre ‘Paco’ Olveira; María Laura Garrigós; Sabina Frederic; María del Carmen Verdú, Stella Calloni, Ana María Careaga; Luis Alen; María José Lubertino