El gobierno de Milei montó un megaoperativo policial para sostener los despidos

Este miércoles, el gobierno de Javier Milei, llenó las dependencias públicas de policías uniformados y de civil, gendarmes y prefectos que no permiten ingresar a los trabajadores que fueron despedidos o cesanteados sin siquiera haber sido notificados formalmente de ello.

Bajo ese contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó la semana con una medida de fuerza contra los despidos masivos y este miércoles hará un plenario federal en el que podría definir la fecha de un próximo paro nacional y se presentarán en todas las dependencias públicas.

En algunos organismos, como la Jefatura de Gabinete, hubo hasta personal de seguridad privada que merodea los ingresos cerrados y con las persianas bajas amedrentando a quienes comenzaron a concentrarse en los alrededores.

Hacia el mediodía y frente a la masividad de las concentraciones y la continua demanda de los delegados de ATE, las autoridades permitieron el ingreso masivo de los empleados a las oficinas. Por esta razón, algunas de las asambleas pudieron hacerse, tal como estaba previsto, en los lugares de trabajo.

Desde el organismo que conduce Rodolfo Aguiar, consideran que las cesantías son ilegales y por eso convocaron a todos los trabajadores a asistir a sus puestos laborales.

"Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal", afirmó Aguiar antes de advertir que: "No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar".

Según informaron, los ingresos masivos a ministerios, organismos y dependencias fueron a partir de las 7, las 8 y las 9 de la mañana. Tanto trabajadores de planta permanente, como quienes están contratados y cesanteados serán parte de esta modalidad.  

"Tenemos que demostrar que es el gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley. Los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión", sentenció el secretario general de ATE.

Según trascendió en los medios, desde la Casa Rosada, el Gobierno monitorea los movimientos de los trabajadores que se congregaron frente a los lugares donde hasta la semana pasada ocupaban un puesto de trabajo.

Según informó Noticias Argentina (NA), en Balcarce 50 anticiparon que, ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.

Uno de los que se expresó sobre esto fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien advirtió que “los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente", y desafió a los gremios a “que se hagan responsables” de lo que ocurra.

Hasta el jueves pasado, la cantidad de despidos y rescisión de contratos golpeó a 7 mil trabajadores. Pero en solo seis días, esa cifra ascendió a 11 mil, tal como lo confirmó ATE. Los empleados despedidos no solo fueron contratados durante la gestión anterior. Hay quienes estuvieron bajo esa condición hace 15 o 20 años prestando servicios, lo cual echa por tierra la argumentación oficial de que los despidos apuntan solo contra la supuesta “casta política” que esgrime el Presidente.