UPCN presentó amparo colectivo contra despidos masivos en el Estado

UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) ha presentado el primer amparo colectivo en los tribunales del Trabajo para impugnar los miles de despidos ocurridos en el Estado, marcando así un hito en la defensa de los derechos laborales. El gremio, liderado por Andrés Rodríguez, exige la reincorporación de todos los empleados desvinculados y cuestiona la legalidad del decreto que llevó a cabo las cesantías en masa.

El reclamo de UPCN se fundamenta en que los despidos constituyen una decisión "arbitraria e ilegítima" del gobierno, que vulnera diversos derechos constitucionales de los trabajadores, como la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad en el empleo público. Esta acción legal se apoya en precedentes judiciales, donde medidas cautelares han ordenado la restitución de trabajadores despedidos en base a argumentos similares.

El contexto de los despidos ha sido tenso, con escenas de trabajadores enfrentando la represión mientras intentaban acceder a sus lugares de trabajo. Se estima que más de 11.000 empleados públicos han sido despedidos, y se prevé que la cifra alcance los 15.000, según declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni.

El Gobierno ha intentado justificar los despidos argumentando la existencia de "ñoquis" y designaciones realizadas durante la gestión anterior. Sin embargo, el reclamo de UPCN señala que muchos de los afectados son trabajadores altamente calificados, con larga trayectoria y sin ningún sumario que respalde su cese.

El amparo presentado por UPCN también destaca la falta de fundamentación de los actos administrativos de despido, calificándolos como una "decisión arbitraria de la más alta autoridad estatal de recortar gastos pasando con la topadora o la motosierra por garantías constitucionales que hacen al estado de derecho".

La lucha de UPCN no se limita al ámbito judicial, ya que Rodríguez ha enfatizado la importancia de la resistencia gremial frente a estos "atropellos e injusticias". Además del frente judicial, el sindicato planea recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en busca de apoyo y respaldo internacional.

En paralelo, se han emitido las primeras medidas cautelares a favor de trabajadores despedidos, lo que podría sentar precedentes para futuras decisiones judiciales. La jueza Rosalía Romero ha ordenado la reinstalación provisional de dos trabajadores de la Administración General de Puertos, destacando la necesidad de proteger los derechos gremiales y la estabilidad laboral de los empleados públicos.