Agricultura Familiar: Reglamentaron ley que crea un banco de tierras

Tras nueve años de ser sancionada, el gobierno nacional reglamentó la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, norma que entre sus artículos prevé la creación de un banco de tierras y frena los desalojos de quienes producen mediante este sistema. En diálogo con el programa “Desde la raíz”, que emite Radio La Plata 90.9 FM, Miguel Gómez, presidente del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, contó los beneficios que trae aparejada la norma y como esta podría potenciar la actividad.

“La reglamentación de la ley es fruto de un proceso de lucha y trabajo de las organizaciones del sector y ahora viene un nuevo desafío que es su implementación. La norma tiene 36 artículos de los cuales se reglamentaron algunos específicos, los otros son operativos, hay que cumplirlos directamente”, explicó Gómez.

Al tiempo que agregó que la ley "está atada al diseño de agricultura familiar que plantea Naciones Unidas, donde el eje es el abastecimiento de alimentos a nuestras comunidades. Este diseño tiene que ver con implementarla con la lucha contra el hambre como meta”.

“Tenemos un país con un enorme potencial para la producción de alimentos. Poder desconcentrar la economía y la producción facilita el acceso a estos, ya que se evitan cuestiones como los costos de transportes. A través de la producción local, de forma cooperativa y solidaria, motorizamos la economía popular, un modelo que tienen mucho para dar”, continuó.

Por otro lado, Gómez destacó la creación del banco de tierras como método para evitar la migración de la población campesina hacia las ciudades por la falta de apoyo hacia sus emprendimientos productivos. “La ley viene a fortalecer a aquellos que están en el campo, para que no se vayan y puedan construir nuevas unidades productivas a través de políticas como el banco de tierras”, aseguró.

“Hace más de 50 años que no dejamos de perder productores, por un proceso de concentración, pérdida del campesinado dedicado a la agricultura familiar, indígena y también a la pesca artesanal”, puntualizó. 

“Tenemos un modelo que concentra la producción cada vez en menos manos. Entonces, a nivel mundial, por ejemplo, hay cinco o siete empresas que manejan el mercado de alimentos”, prosiguió.

Ahora que la norma se reglamentó, según Gómez, se iniciará un proceso de coordinación entre diferentes áreas del Estado, como el INTA y el SENASA, y también se incrementará el presupuesto destinado a la materia, para posteriormente concretarse la generación de un fondo específico.

Por último, Gómez fue consultado sobre la situación de varios integrantes de cooperativas dedicadas a desarrollar este tipo de agricultura que fueron perseguidos por algún sector político y expulsado de sus tierras.

“Cuando asumimos, nuestro planteo fue trabajar para que ningún productor deje la tierra. Hemos recibido denuncias de 180 casos de intento de desalojos y pudimos frenar 150, pero se han perdido 30 familias, 30 productores, y eso muestra solo nuestro registro, seguramente hay mucho más”, se lamentó.

“La característica de la agricultura familiar, campesina o indígena es su relación con el territorio. Muchas veces los productores están en lugares de difícil acceso, pero aptas para las commodities. Esta tensión que existe entre los modelos productivos que funcionan en nuestro país, donde la tierra es pensada como mercancía, hace que no se reconozca la posesión ventanial o ancestral. El Estado tiene que intervenir y trabajar fuertemente en posibilitar ese acceso, por ello la ley es importante”, cerró.