Salud mental: el DNU pretende reintroducir los "manicomios"
Profesionales y especialistas expresaron su preocupación por los posibles impactos en la atención y en la Ley de Salud Mental, como en los derechos fundamentales de los pacientes.
Entre la enorme cantidad de modificaciones que plantea la Ley Ómnibus, anunciada por el presidente Javier Milei, esta introduce cambios drásticos en la legislación, abarcando diversas áreas, entre ellas, la Ley Nacional de Salud Mental (26.657). El megadecreto, que entrará en vigencia el 29 de diciembre, generó controversia al plantear la flexibilización de las internaciones y la reaparición de instituciones similares a los conocidos "manicomios".
La Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, se basa en el paradigma de Derechos Humanos y propone un modelo de tratamiento que busca respetar la dignidad y derechos de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, la "ley ómnibus" busca alterar en gran medida su enfoque.
Ignorando años de debate y consenso político, la Ley Ómnibus no solo declara la emergencia pública en diversas áreas hasta 2025, sino que también promueve la privatización de empresas públicas, restringe el derecho a huelga y autoriza el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes.
En cuanto a la Ley de Salud Mental, las modificaciones propuestas habilitan a los jueces a facilitar la internación de personas con padecimientos mentales, eliminando la condición de riesgo cierto e inminente que establece la ley actual.
La psicóloga Mercedes Protto Blanc, de la Comisión de Investigaciones Científicas, señala que esto significa un retroceso, ya que las internaciones involuntarias ahora se permitirían cuando el paciente no logre adherencia a tratamientos ambulatorios y presente falta de conciencia de enfermedad que afecte su discernimiento y vulnere su salud integral.
Un aspecto alarmante es la derogación de la prohibición de crear "manicomios", que la ley de Salud Mental establecía en su artículo 27. Según la nueva propuesta, estas instituciones deberán funcionar de acuerdo con principios y reglamentaciones específicas.
La psicóloga Protto Blanc expresa su preocupación por esta regresión: "En términos de salud mental, los manicomios no ayudan y la gente termina recluida toda su vida". Además, destaca el riesgo de que las personas pierdan conexiones con la comunidad y capacidad de trabajo.
En paralelo, la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires rechazó el DNU 70/2023, advirtiendo sobre sus implicaciones en la salud mental, especialmente en mujeres y personas del colectivo LGBTQ+.
La eliminación de multas por contratación "en negro" y la derogación de la "Ley de tierras" impactan de manera diferenciada, afectando la equidad de género en términos de empleo y propiedad de tierras. Además, señalan consecuencias negativas en el acceso a interrupciones seguras del embarazo y licencias por embarazo, poniendo en riesgo la privacidad y salud mental de las trabajadoras.
La Comisión destacó con preocupación los artículos n° 78 y n° 82 del DNU, afectando licencias por embarazo y generando inquietud al condicionar un "agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio". Alertaron que el DNU no considera la perspectiva de género y diversidades, generando un impacto negativo en la salud mental de mujeres y personas del colectivo LGBTQ+.
En ese sentido, los profesionales de la salud mental instaron al Poder Ejecutivo a la revisión y consideración de medidas que respeten derechos fundamentales y promuevan la equidad de género y salud mental.
